La principal testigo y sobreviviente del caso Tlatlaya, tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la liberación de cuatro miembros de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), involucrados en los hechos del 30 de junio de 2014, donde murieron 22 personas asesinadas.

La resolución no ha sido notificada a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia, en una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima tanto en el fuero civil como en el fuero militar, informa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Ha trascendido que el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México ordenó la libertad de estos cuatro elementos, continuando sujetos a proceso penal federal otros tres. Lo anterior, en cumplimiento a una determinación del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México. Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, es preciso recordar que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria.

Los señalamientos sobre autoría material de los asesinatos por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento. Ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos, explica el centro de derechos humanos en un comunicado.

“La información que circula en la opinión pública debe llamar la atención sobre la actuación de la Procuraduría General de la República, que al ser quien acusa debe presentar cargos penales sostenibles jurídicamente, garantizando los derechos de las víctimas y realizando una investigación exhaustiva y diligente”, recrimina el Prodh  a la PGR.

“De persistir la PGR y el PJF en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.

El Informe presentado por el Prodh el pasado  2 de julio, en el que se dio a conocer la existencia de una orden militar inconstitucional propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos que ordenaba a los castrenses abatir a civiles en horas de oscuridad, las respuestas de las autoridades federales han sido insuficientes, por decir lo menos. La PGR se negó a investigar la cadena de mando, sin mayor fundamentación que su sola negativa; decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse.

A más de un año de la masacre la Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió en la Recomendación 51/2014, que entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; resolviendo además la violación a otros derechos como a la verdad, al acceso a la justicia y a la integridad personal respecto de las sobrevivientes.

“En suma, la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución que se ha dado a conocer en los medios ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos. Dicha resolución alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que persista la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos”, finaliza el Prodh su postura sobre el caso.