Ella, mujer de ojos delineados y coleta de caballo, decidió contribuir con la seguridad de su pueblo. Por decreto de la comunidad de Olinalá, localidad de la montaña de Guerrero de la que es originaria, llegó a ser una de las contadas mujeres en ejercer como comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, órgano ciudadano nacido en 1995 como consecuencia de los altos niveles de criminalidad e inseguridad que, ante la mirada omisa o cómplice del gobierno, priva en la entidad sureña.

Su carácter fuerte y decidido la llevó hasta ahí. Esa misma cualidad es la que la mantiene prisionera desde agosto de 2013. Las mismas personas que ella, en ejercicio de su función (la cual tiene sustento en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de las Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero), detuvo por delinquir, ahora la acusan de secuestro.

Ante los ojos de la justicia mexicana, la indígena Nestora Salgado García es por demás peligrosa. Por eso su detención fue producto de un imponente operativo a cargo del Ejército y la Marina. Por eso es que también permaneció por más de 600 días recluida en una cárcel de alta seguridad a más de 1 mil kilómetros de distancia de su familia, en la que las autoridades penitenciaras la calificaron de mujer de “capacidad criminal alta”.

Hoy Nestora Salgado continúa tras las rejas, no obstante que en marzo de 2014 un juez federal la eximió de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. La justicia mexicana está en su contra. Su defensa, a cargo del abogado Leonel Rivero Rodríguez, no la tiene fácil.

La madre de tres hijas enfrenta tres causas penales: la 5/2013, la 196/2013 y la 48/2014. Además pesan sobre ella tres órdenes de aprehensión: en Ayutla, por secuestro; en Huamuxtitlán, por homicidio calificado y lesiones; y en Tlapa por, robo y privación de la libertad.

Respecto de la causa penal 5/2013, el litigio ha sido particularmente pedregoso. Y es que, como detalla Rivero Rodríguez, integrante de la organización civil Defensa Estratégica en Derechos Humanos, María Leonor Arroyo Mojica, jueza primera de Tlapa, les obstaculiza de forma recurrente las labores de defensa al negarles, por ejemplo, peticiones de manera infundada.

La “falta de imparcialidad” y la “incompetencia o mala fe” de la jueza han implicado que, en la actualidad, además del litigio de los tres procesos penales y de las tres órdenes de aprehensión (mismas que se combaten vía amparo), la defensa de Nestora esté tramitando cuatro apelaciones y tres amparos relativos a la causa penal 5/2013, entre otras, por la admisión de una prueba ilegal.

“Lo que es evidente es que quieren saturarnos de trabajo, y de trabajo que muchas veces no llega al objetivo principal que es la libertad de Nestora. Nos meten en cuestiones que tenemos que estar impugnando; todo para que finalmente te desgastes”, se queja, Rivero Rodríguez.

El abogado refiere que una de las últimas irregularidades en que incurrió la jueza Arroyo Mojica fue la decisión de aceptar, sin más, el planteamiento de las jóvenes que acusan a Nestora de secuestro, quienes pretextando la falta de dinero para el traslado, le solicitaron que las audiencias se realicen en Olinalá por medio de video conferencia. La jueza, de “forma arbitraria”, cedió a la petición sin antes cumplir con su obligación de constatar que efectivamente existe un obstáculo material, hecho que Rivero Rodríguez pone en entredicho pues estas mismas personas han viajado a la ciudad de México para participar en conferencias de prensa, organizadas por Isabel Miranda de Wallace, en las que señalan públicamente a su defendida.

Respecto de las causas penales 196/2013 y la 48/2014, cuyas audiencias se desahogan en el Juzgado 67 Penal de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, el integrante de Defensa Estratégica en Derechos Humanos comenta que la parte acusadora aún no ha acudido a ratificar su dicho, no obstante que ha sido debidamente notificada. Lo que procede ahora, explica, es aplicar una multa a estas personas como consecuencia de su inasistencia y, en caso de que este medio de apremio no cumpla con su objetivo, que los jueces ordenen que la fuerza pública los presente. Si aun así, quienes culpan a Nestora Salgado no asisten a los careos, debe aplicarse la tesis de declaración de testigo ausente que implica el desvanecimiento de la acusación.

—¿Frente a este panorama, existen posibilidades de lograr la pronta liberación de Nestora? –se le pregunta a Rivero Rodríguez.

—Nosotros estamos haciendo lo que nos toca. Si nos obstaculizan a base de decisiones arbitrarias, no nos queda otra más que apelarlas o impugnarlas. Pero eso nos ha triplicado el trabajo. No obstante, consideramos que, en algún momento, las cosas deben tomar su cauce; que el camino hacia la liberación debe tomar su curso.

El litigante informa que este 15 de octubre (quizá unos días después, dada la “trascendencia del asunto”) la Segunda Sala Penal con sede en Chilpancingo, Guerrero, tendrá que resolver respecto de la apelación de libertad promovida en abril de 2014 y que compete a la causa 5/2013. Si el fallo se apega a la razón y a los argumentos, precisa Rivero Rodríguez, los magistrados tendrían que decretar la libertad de Nestora Salgado por esta causa, hecho que no la sacaría de prisión pero que sí “finalizaría un proceso y sentaría un precedente favorable pues la acusación y las conductas imputadas en las otras causas son prácticamente las mismas”.

El mismo 15 de octubre se estaría celebrando la video conferencia con las supuestas víctimas de Nestora, igualmente para el proceso penal 5/2013. Precisa que esta diligencia, que estaba programada para el pasado 28 de septiembre, no pudo concretarse ya que la jueza omitió solicitar con anticipación a la judicatura federal el equipo técnico necesario para ello.

Consultado respecto de la Ley de Amnistía propuesta por Rogelio Ortega Martínez, gobernador de Guerrero, misma que, según se anunció, posibilitaría la liberación de los presos políticos de la entidad, Rivero Rodríguez comenta: “De manera particular, yo nunca creí en esa fanfarronada del gobernador porque la última ley de amnistía en el país fue en 1978, con López Portillo; además porque en otros casos de trascendencia, como el [Alberto] Patishtán, no se logró dar ese paso”.