En México se vive una epidemia de violencia. La Organización Mundial para la Salud considera que una tasa igual o superior a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes corresponde a niveles epidémicos de violencia. En 2014, en el país, la tasa fue de 16.43 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Esta realidad preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También que, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las tasas de homicidio en Guerrero, Sinaloa y Chihuahua (42.68, 33.33 y 29.36, respectivamente), superan por mucho el promedio nacional.
Inquieta, asimismo, a la CIDH, tal como lo manifiesta en las observaciones preliminares de su visita in Loco al país, el tema de las ejecuciones extrajudiciales, como las de Tlatlaya (junio de 2014, Estado de México), Apatzingán (enero de 2015, Michoacán) y Tanhuato (mayo de 2015, Michoacán), que destacan por el carácter endémico de la impunidad que las reviste.
En estos tres casos, apunta, la escena del crimen fue alterada para aparentar que se trató de un enfrentamiento, cuando los indicios y testimonios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas en los crímenes.
Los representantes de la CIDH que monitorearon la situación de los derechos humanos en el país del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, destacaron que de las 52 recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió de 2006 a 2013 relativas a la vulneración del derecho a la vida, tres de cada cuatro fueron dirigidas a las Fuerzas Armadas.
Por lo anterior, el organismo internacional pide al Estado mexicano aplicar el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, así como dejar de encubrir a las fuerzas militares o policiales implicadas en las ejecuciones contra civiles.
De la misma forma, le solicita desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por las fuerzas civiles, ya que “existe amplia evidencia de que la militarización de la seguridad ciudadana ha resultado en un incremento de las violaciones a los derechos humanos en el país”.
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