Desde el cerro Tepetzingo, a dónde se instalaron tras declararse en Alerta Máxima, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, brindaron con calma los detalles de la última avanzada gubernamental en pos de la concreción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

“El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México apoyado por cerca de 400 elementos de la Policía Federal Preventiva, el Grupo de Guardias de Seguridad del Estado de México (CUSAEM) y la Policía Municipal de Atenco (de extracción priísta-antorchista) -todos armados y varios de ellos vestidos de civil-, ingresaron con más de 200 trabajadores, maquinaria y sanitarios portátiles, en un operativo que ahora sabemos fue largamente planificado y preparado para provocar y rechazar a quienes defienden su propio territorio, para agredirlos y poder detenerlos.”

Los policías federales y estatales fueron acompañados de “funcionarios públicos municipales y los espurios comisariados ejidales de San Salvador Atenco, Ixtapan y Nexquipayac (municipio de Atenco) y Tocuila (municipio de Texcoco) además, llevaron provocadores de las mismas comunidades.”

El campamento atacado, se ubicaba sobre el cerro Coatéptl (o Huatepec coloquialmente) a dónde fue montado por los integrantes del Frente de Pueblos para evitar el ingreso de topógrafos y trabajadores a trabajar en las tierras de los ejidos.

Esta decisión está respaldada por dos amparos que fueron interpuestos por ejidatarios de San Cristóbal Nexquipayac contra la realización de labores de construcción del Nuevo Aeropuerto en sus tierras. Ambos fallos, – que constan en los expedientes 338/2016 y el 349/2016 – impiden la realización de cualquier tipo de obra, inclusión de medición y delinde, en esas tierras de uso común del ejido, en tanto no se resuelva el conflicto de fondo, que es la resistencia a la construcción del Aeropuerto. En este caso, sucedió algo similar a lo ocurrido con la demolición de “El Castillo” en Xochicuautla, un amparo impedía allí y aquí también el avance de las obras desoye un fallo judicial.

“Si bien no son nuevos este comportamiento de los malos gobiernos subordinados a los intereses del Gran Capital y sus estrategias de sometimiento de los pueblos con la ayuda de grupos paramilitares que actúan por aquiescencia como el PRI-antorcha campesina, es preocupante que hayan empezado a circular notas periodísticas que para desvirtuar la digna y legítima defensa de las comunidades, ejidos y pueblos originarios de la zona de la ribera del Lago de Texcoco, aseguren que fue la propia gente de Nexquipayac quien voluntariamente entregó la tierra al gobierno, por considerar de supuesto “beneficio”, el megaproyecto de muerte más grande de América Latina: el innecesario, ecocida e incosteable Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.”

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero emitió una alerta urgente para Atenco y se apresta a insistir y continuar fortaleciendo con estas evidencias el pedido, aún pendiente, para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana otorguen a los pobladores de Atenco e integrantes del Frente las medidas cautelares de protección.
“Desde el 28 de enero del 2015, cuando solicitamos el otorgamiento de las medidas cautelares hemos ido agregando información con los hechos que se suscitaban en Atenco. Entendemos que es clave que sean otorgadas a la mayor brevedad posible ya que la comunidad está en un riesgo inminente y hay posibilidad de que se cometa un daño irreparable”, sostuvo Antonio Lara, coordinador del Ladrillero.

Sin embargo, a pesar de las movidas judiciales que se puedan llevar a cabo para frenar el atropello, los integrantes del Frente siguen apostando a la solidaridad y a la movilización en apoyo a los pueblos en lucha. Este domingo, llevarán a cabo el Primer Encuentro de Pueblos contra la Ley Eruviel, – que permite el uso de munición real contra la población civil desarmada – en la Palza Mártires de Toluca, que el lunes por la mañana emplazará en un diálogo público al gobernador del Estado: “Los pueblos rebeldes del estado de México saben que son los destinatarios de la Ley Eruviel, saben que organizados la van a echar atrás, así como a los proyectos e imposiciones que esa ley trata de blindar.”