A las 3 horas de este día concluyó la audiencia que tuvo por objeto recoger la declaración preparatoria a Nestora Salgado García, luego de que el pasado 23 de febrero, el Juez Primero y la Jueza Segunda del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa, decretaron la regularización de los tres procesos que la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, enfrenta por el delito de secuestro.

Los jueces decidieron anular todo lo actuado en las causas penales 05/2014, 196/2013 y 48/2014 bajo el argumento de que a la hora de rendir la declaración preparatoria, la lideresa indígena no fue informada de su derecho a la asistencia consular, no obstante su doble ciudadanía: mexicana y estadounidense.

Es así que ésta vez, en la etapa reposición de los procesos, Nestora Salgado fue debidamente informada de este derecho, mismo al que tuvo que renunciar, ya que en la audiencia que se celebró en los juzgados de Santa Martha Acatitla, al oriente de la Ciudad de México, no estuvo presente personal de la Embajada de Estados Unidos, lo que a decir de Sandino Rivero, parte de la defensa jurídica de Nestora Salgado, muestra el poco interés de esta instancia por el caso.

En entrevista, el defensor explica que durante la audiencia, que inició alrededor de las 22:30 horas de ayer, se desahogaron las declaraciones preparatorias correspondientes a cada una de las tres causas penales. Nestora Salgado y su defensa acordaron que ella se reservaría el derecho a declarar.

Celebrada la audiencia, corresponde al personal de los juzgados de Santa Martha Acatitla enviar la información recabada a los juzgados de origen, es decir a Tlapa, para que el Juez Primero y la Jueza Segunda del Distrito Judicial de Morelos determinen en un plazo no mayor de 144 horas a partir de que reciban los exhortos correspondientes, ya sea autos de libertad o autos de formal prisión en contra de la excomandanta de la Policía Comunitaria.

Cabe destacar que las y los defensores de Nestora Salgado optaron por pedir la duplicación del término constitucional de 72 horas con que cuentan los jueces para resolver la situación jurídica de su representada, con el objeto de nutrir los medios de prueba en su favor.

Leonel Rivero, Sandino Rivero, Amanda Rivero y Karla Mena, el equipo jurídico que defiende a Nestora Salgado, consideran que los medios de prueba que han presentado son suficientes para demostrar la inocencia de la madre de tres hijas, por lo que confían en que el fallo de los jueces sea favorable, es decir, que decreten autos de libertad.

Sandino Rivero recuerda que entre las pruebas que han aportado para sostener la inocencia de su defendida, se encuentran: un documento que acredita que la Policía Comunitaria de Olinalá es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); dos oficios, uno a cargo del presidente municipal de Olinalá y otro de un ministerio público, en los que los funcionarios se dirigen a Nestora Salgado como comandanta del órgano ciudadano; una pericial en antropología jurídica que aporta elementos sobre la concepción de los sistemas normativos indígenas, incluidos los de justicia; y documentos que prueban que las madres de las adolescentes que acusan a Nestora Salgado de secuestro son quienes pidieron el ingreso de sus hijas al sistema reeducativo de la CRAC.

Nestora Salgado, de origen indígena, se encuentra presa desde el 21 de agosto de 2013. A la mujer, nacida en la localidad de Olinalá, se le fabricaron tres causas penales por el delito de secuestro agravado que involucran en total a 53 presuntas víctimas.

Las y los defensores de Nestora Salgado ha probado que las detenciones que ella ejecutó, mismas que están en el origen de las acusaciones de secuestro que se le imputan, fueron en ejercicio de su cargo de comandanta de la Policía Comunitaria, órgano de seguridad y justicia que tiene sustento en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Es importante señalar que en contra de Nestora Salgado aún existen tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar: en Ayutla, por secuestro agravado; en Huamuxtitlán, por homicidio calificado y lesiones; y en Tlapa, por robo y privación de la libertad. Leonel Rivero, Sandino Rivero, Amanda Rivero y Karla Mena esperan que éstas sean notificadas en breve para poderlas combatir y que no representen un obstáculo para la posible excarcelación de su defendida.