Madrid, España. La Marea Blanca, una movilización nunca antes vista en la Comunidad de Madrid en defensa de la Sanidad Pública, crece en sus logros pese al empeño del gobierno del derechista Partido Popular en privatizar el sector, afectando por igual a pacientes y trabajadores.

La Marea se desencadenó a partir del anuncio del Plan de Medidas de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario (PMGS) por parte del Partido Popular (PP) el 31 de octubre de 2012.

Esta movilización es un eslabón más en la lucha que arrancó en 1997 a raíz de la aprobación de la Ley 15/97, a propuesta del mismo PP, siguiendo las recomendaciones del Informe Abril y con el apoyo de casi todos los partidos políticos: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Coalición Canaria (CC), Convergéncia i Unió (CIU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV).

No obstante, este eslabón presenta unas características diferentes: la población se unió a la lucha en defensa por la sanidad Pública, cada vez más consciente de los riesgos de la privatización sanitaria; hay un creciente sector de profesionales enfrentados al proyecto privatizador, y un nutrido grupo de activistas en los centros sanitarios (Patusalud, Asociación de Facultativos de Madrid, AFEM) y en los barrios (15M, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)).Estos tres elementos son decisivos para entender la contundencia de la respuesta al PMGS y la fuerza de la Marea Blanca.

Dos días después de la presentación del Plan empezó el encierro del Hospital de la Princesa, bastión de la Marea Blanca. Poco después vino el del Hospital Infanta Leonor, el del Tajo, Gregorio Marañón, y así todos los hospitales y un buen número de centros sanitarios.

En cuanto a la salud mental, el Centro de Puente de Vallecas fue la vanguardia en los encierros, seguidos por Fuenlabrada, Vallecas Villa, Hortaleza, Ciudad Lineal, Barajas, San Blas, Leganés, Tetuán.

Después de los encierros vinieron los anuncios de las dimisiones de jefes de servicio, las movilizaciones, las huelgas, los comunicados, cartas, declaraciones en prensa, las denuncias, una de ellas presentada por AFEM  ante los partidos políticos y admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.

También se realizó una Consulta Popular de Sanidad en la que se ha obtenido la participación de casi un millón de personas (948 mil 476), con un aplastante 94.4 por ciento de votantes a favor de la sanidad pública y en contra de su privatización.

Todo esto no ha servido para hacer reflexionar a los políticos.

Lasquetty, consejero de Sanidad, calificó a la Consulta Popular de Sanidad de “parodia”, demostrando una vez más su total falta de sensibilidad y de respeto hacia la opinión de las personas que dice representar.

El gobierno sigue adelante con su plan: seis hospitales con los centros que dependen de ellos y 27 centros de Atención Primaria serán privatizados (“externalizados”, dicen ellos). Ya salieron a subasta. La presentación de ofertas de las empresas interesadas finaliza el próximo 8 de junio. El día 28 del mismo mes estará todo liquidado. El Centro de Salud Mental donde trabajo desde 1985 se encuentra entre ellos.A pesar de la inminencia del proceso, todavía no hemos recibido información sobre lo que sucederá con los trabajadores y lo que es más preocupante, con los pacientes del Centro.

En los pliegos de oferta a las empresas interesadas no está reseñada la mitad de la plantilla aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Parece que el compromiso de la empresa adjudicataria sólo afecta a la plantilla incluida en los pliegos. Los que no lo están, yo entre ellos, tendremos que ser “recolocados” en otros servicios. Pero, ¿qué ocurrirá con las “plazas”? Con total seguridad van a ser amortizadas. Estaba claro que nadie pone un negocio para perder dinero. Para que sea rentable el servicio, habrá que recortar de algún lado.

Y con los pacientes ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a ser atendidos con la mitad del personal? Sobre todo los pacientes con enfermedad mental grave, los crónicos, los más indefensos, algunos de ellos los atiendo hace muchos años. Está claro que la calidad del servicio se verá gravemente deteriorada.

No sé si esto les preocupa a los políticos pero a mí no me deja dormir.

A veces nos preguntamos desalentados, ¿cómo puede ser que no comprendan el destrozo en las vidas de muchas personas que supondrá este desmantelamiento de la sanidad pública? Después de los encierros, huelgas, movilizaciones, denuncias, ¿qué más podemos hacer? Parece que no hemos conseguido nada.

Cuando intentamos animarnos para seguir luchando y no tirar la toalla, pensamos en lo conseguido: Unidad entre trabajadores y población, diferentes estamentos, categorías profesionales, plataformas, sindicatos, activistas de distinto signo; un enorme debilitamiento del PP de Madrid; concienciación de un gran sector de la población que por fin ha comprendido que la sanidad pública está verdaderamente desmantelándose; autoorganización, ni los sindicatos ni ninguna otra organización ha tenido un papel protagonista; y el surgimiento de un numeroso grupo de personas dispuesta a luchar por la sanidad pública desde concepciones colectivas y solidarias.

También logramos que saliera a la luz, por fin, la relación que existe entre la privatización de la sanidad y el saqueo generalizado de nuestros representantes políticos y el sistema. Un ejemplo es Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid que protagonizó la falsa denuncia contra el doctor Montes del Severo Ochoa en 2004. Forma parte del consejo de administración de Assigna Infraestructuras, servicios privatizados del Hospital de Aranjuez. También está Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de Madrid, que señaló a El País que “La Sanidad es una oportunidad de negocio” y tuvo que dimitir tras conocerse que al salir de la política se fue a Unilabs, laboratorio que privatizó cuando era consejero de Sanidad.

Teresa Echániz, hermana del consejero de Sanidad de Castilla la Mancha, es la subdirectora de investigación de la empresa IDC Salud (antes llamada Capio) que controla una buena parte de los centros sanitarios ya privatizados. Y finalmente Antonio Burgueño, director general de hospitales, quien preparó el PMGS. Su hijo es un alto cargo de Adeslas, una de las empresas que ya controlan buena parte de la sanidad pública privatizada y que opta a algunos centros sanitarios que serán próximamente privatizados.

Publicado el 27 de mayo de 2013