México DF. “La posibilidad de que el Ministerio Público retire los cargos de ‘ataques a la paz pública’ con la autorización del Procurador General de Justicia del DF, es la vía más directa e inmediata para la liberación de las 14 personas que continúan presas tras las detenciones absurdas y arbitrarias del 1 de diciembre”, señaló en entrevista con Desinformémonos el abogado Juan de Dios Hernández Monge, integrante de la Liga de Defensores 1 de diciembre, y agregó que “esto sólo requiere la voluntad política del Jefe de gobierno para ordenarle al procurador que lo haga”.

A través de una carta, los presos políticos anunciaron que realizarán ayunos de 48 y 72 horas para exigir su liberación, y que algunos de ellos harán huelga de hambre indefinida, todo a partir del medio día del 24 de diciembre. Convocaron a la ciudadanía a «que se sumen a la lucha sistemáticamente de acuerdo a sus posibilidades y capacidades» para lograr su libertad. Además de su inmediata puesta en libertad, los presos exigen la derogación del artículo 362 del código penal del DF.

Hernández Monge abundó que existen cuatro opciones para que los detenidos dejen la cárcel. “Una en la vía administrativa, las otras en la vía legislativa y una en la judicial. En la vía legislativa, lo que se aprobó en la comisión y fue subido al pleno es la derogación del artículo 362 del Código Penal del DF, que es el que contempla el delito de ataques a la paz pública, el equivalente al delito de terrorismo a nivel federal, y a nivel internacional a partir de la Ley Patriótica de Estados Unidos”.

De no ser derogado el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, “el amparo y el ofrecimiento de pruebas en el juicio será la vía que utilizará la defensa de la mujer y los 13 hombres que continúan injustamente encarcelados”, dijo el representante de la defensa.

Para Juan de Dios Hernández, “el hecho de que el Jefe de gobierno no haya apelado la libertad que les concedió la juez en el auto de término constitucional, parece una señal positiva en el sentido de que él sabe que se trata de una injustica esto que está ocurriendo en la Ciudad de México, y que él tiene la posibilidad de dar una sanción favorable a la reforma de derogación del artículo 362; esto es una cuestión importante porque va a marcar el derrotero del sexenio. Se supone que está el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa, sólo se requiere de la voluntad política”.

El artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal –que contempla de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, para quien “mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del Distrito Federal”–  fue aprobado por la Asamblea Legislativa del DF durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Después de que el artículo se votó en el órgano legislativo, pasó al poder ejecutivo para ser aprobado y entrar en vigor. “Entonces le tocó un papel clave al poder ejecutivo, en este caso Andrés Manuel López Obrador, quien lo único que hizo fue cambiar el nombre del delito, de terrorismo a ataques a la paz pública, pero manteniendo el mismo contenido, que tiene una carga ideológica terrible, de corte fascista, porque es para criminalizar los movimiento sociales, la protesta social”.

El delito de ataques a la paz pública es sumamente ambiguo, al grado de que es la autoridad judicial –y no la ley- la encargada de definir en qué consiste el delito. Los acusados, supuestamente, cometieron “actos de extrema violencia”, pero ya que el artículo 362 no contempla descripciones exactas, no es posible saber con certeza qué acciones se consideran violencia extrema.

Otra opción para excarcelar a los presos es la Ley de Amnistía que elabora también la Asamblea Legislativa, y que requiere de una mayoría simple para su aprobación. La cuarta vía –que es la que se está siguiendo desde el punto de vista técnico -jurídico – “es no descuidar el proceso, ofrecer y desahogar todas las pruebas dentro del periodo, ofrecer todos los periciales en video, identificar personas, hacer la confronta que debieron haber hecho desde el Ministerio Público y que no hicieron”.

Las personas que están detenidas, insiste el abogado, no lo fueron en el lugar donde dice la policía, y tampoco, mucho menos, estaban haciendo ningún desmán. Tiene que haber libertad absolutoria para todos.

Desde el punto de vista jurídico, sería también viable que los presos obtuvieran su libertad mediante un amparo otorgado por un juez de distrito en contra el auto de formal prisión. Esto, explica Hernández Monge, quien también llevó la defensa de los ex presos de Atenco, permitiría sacar del ámbito local la cuestión jurisdiccional para llevarlo al ámbito federal, y añade que “en el caso de Atenco fue algo muy similar, nos amparamos contra el auto de formal prisión y nos concedieron el amparo para efectos; esto significa que el juez tiene otra oportunidad de dictar nuevas resoluciones, corrigiendo los errores de técnica jurídica para que el propio juez de distrito acelere la nueva sentencia”.

El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que los efectos de esta protección judicial son restituir sus derechos a quienes fueron violentados o restringidos del goce y disfrute de sus garantías. “Eso significa que si se viola la garantía de libertad, del debido proceso, y la debida defensa, hay violaciones de las garantías individuales flagrantes que tienen que ser validadas por el juez de distrito. Desde el punto de vista técnico jurídico eso es lo que nosotros pensamos que es infalible. Lo demás depende de la voluntad política”.

Las evidencias indican que todas las detenciones fueron arbitrarias, porque todas ocurrieron después de los disturbios. Durante los disturbios, la policía estuvo prácticamente ausente. Hasta que los desmanes terminaron, llegó la policía y entonces llegó la orden del Jefe de gobierno para las detenciones indiscriminadas. “Lo que estaban manejando en la red de radio de la policía del DF era la clave de Manuel Mondragón, como Secretario de Seguridad Pública del DF, y entonces muchos mandos se negaron a cumplir las órdenes porque venían de Manuel Mondragón; esto generó un descontrol en el campo, se cruzaron las órdenes, los jefes que iban al mando en el lugar –unas verdaderas nulidades como jefes de policía porque no supieron controlar a su gente–. Si es verídica la versión de que Marcelo Ebrard fue el que dio la orden directamente, hay una responsabilidad muy clara y muy directa al ex jefe de gobierno y del actual secretario de Seguridad Pública federal”.

Hernández Monge advierte sobre una posible colusión entre el gobierno del DF y el federal.  “Yo no sé qué acuerdo habrán tenido, pero el hecho de que el Jefe de gobierno esté en todos los eventos de Enrique Peña Nieto y que el gobierno del DF esté cargando con todo el costo político social de esto, dejando indemne al criminal Enrique Peña Nieto, nos hace pensar en por qué el Jefe de gobierno acepta pagar este costo político para lavarle la cara a un pequeño dictador”.

La verdad es la mejor defensa de los detenidos, pues todos son inocentes, asegura Juan de Dios Hernández. “Desde los medios de comunicación hay que divulgar la verdad de los hechos y presionar. Yo le sugerí a todas las personas que me pidieron asesoría al momento de las declaraciones tanto ministeriales como preparatorias , que si los acusaron de un delito que no cometieron, su mejor defensa es la verdad, tienen que declarar estrictamente conforme a  lo que pasó, estableciendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

“Todos los muchachos que son parte del movimiento #YoSoy132 con toda dignidad le dijeron al Ministerio Público, ‘iba yo a ejercer mi derecho constitucional a la manifestación en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto, y esto no es un delito de ninguna manera’. Es muy claro que todos los otros no son parte del movimiento. Todos los adultos mayores de 35 años, fueron detenidos por reclamarle a la policía el maltrato a los jóvenes detenidos. Si quietamos a este grupo de mayores de 35 años, el 90 por ciento de los muchachos tiene entre 18 y 22 años, lo que índica claramente cuál fue el modus operandi del Estado y la fuerza represiva: iban sobre los jóvenes, y además lo que tenían una apariencia más precaria, es inclusive una cuestión racial, como el bolero, la persona en situación de calle, la que tiene retraso mental. Todas las detenciones sucedieron de manera indiscriminada y absurda”, finaliza Hernández Monge.

 Publicado el 24 de diciembre de 2012