Ciudad de México. Algunos saldos de la represión policiaca federal y capitalina del 1 de diciembre son un joven con pérdida de ojo por impacto producido por la policía; un director de teatro que se recupera lentamente del estado de coma resultado de una agresión policiaca, 14 encarcelados que deberán seguir el proceso penal –aunque fuera de la prisión- y testimonios de decenas de detenciones arbitrarias, maltratos e incluso torturas por parte de elementos policiacos.

El primer día de diciembre, cuando el priista Enrique Peña Nieto protestaría el cargo de presidente de la República, centenares de manifestantes –algunos del movimiento #YoSoy132, otros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, unos más del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, entre otras organizaciones- se apersonaron  en los alrededores de la Cámara de Diputados desde las seis de la mañana para exhibir su descontento.

Después de derribar una valla al filo de las siete de la mañana, fueron duramente reprimidos por las fuerzas policiales. Francisco Kuykendall Leal, de 67 años, profesor de teatro y simpatizante de La Otra Campaña, fue alcanzado en la cabeza por una granada lanzada por policías federales; fue retirado del lugar inconsciente y con exposición de masa encefálica; Uriel Sandoval recibió un proyectil en el ojo, que perdería unos días después.

Durante más de diez horas, los estudiantes, activistas, integrantes de diversas organizaciones civiles y sindicatos y ciudadanos de a pie que repudiaban la toma de protesta de Peña Nieto fueron cercados, amedrentados, golpeados, gaseados y algunos de ellos detenidos arbitrariamente por elementos de la policía federal y estatal, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro –donde comenzó la protesta–  hasta la sede del Senado, y más tarde en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes.

Al final de la jornada, había más de cien personas detenidas, entre manifestantes –pacíficos, como mostrarían posteriormente videos y fotografías-, turistas, fotógrafos y caminantes que increpaban a la policía por el abuso de fuerza que hacían contra los jóvenes. De ellos, 69 fueron imputados -58 hombres y 11 mujeres- por el delito de “ataques a la paz pública” con el agravante de ser cometido en pandilla, lo que los enfrentaba a penas de hasta 30 años de cárcel sin posibilidad de llevar el proceso en libertad y fueron a prisión.

Desde el 1 de diciembre circularon profusamente fotografías y videos que daban cuenta de la arbitrariedad de las detenciones y la ilegalidad de las fuerzas policiales, así como de la presencia de infiltrados de la policía entre los manifestantes. Familiares, amigos y organizaciones sociales salieron a las calles a partir del día siguiente para exigir la libertad inmediata de los detenidos, castigo a los responsables de la represión y la derogación del artículo 362 del Código Penal local.

Para el 9 de diciembre, 55 de estas personas fueron liberadas; la juez del caso dictaminó que no había pruebas para acusarlos, mientras 14 recibieron el auto de formal prisión. Bryan Reyes, Daniel García, Obed Palagot, Eduardo Daniel Columna, Miguel Ángel García Rojas, Stylianos García, Oswaldo Rigel Barrueta, Roberto Fabián Duarte, César Llaguno Romero, Sandino Jaramillo, Alejandro Lugo, Jorge Dionisio Barrera, Enrique Rosales, y Rita Emilia Neri recibieron el auto de formal prisión.

Los 13 hombres fueron recluidos en el Reclusorio Norte y Rita Neri -la única mujer que no obtuvo su libertad- en Santa Martha, aunque la mayoría fueron detenidos en las mismas condiciones que los liberados. Por ejemplo, Obed Palagot, Rita Neri y Ana Lili Yépez fueron detenidos juntos; mientras Ana Lilia fue liberada, Obed y Rita recibieron el auto de formal prisión.

La campaña por la liberación de los presos y la derogación del artículo 362 se intensificó. Los abogados difundieron que en videos de las mismas cámaras de vigilancia del gobierno se demostraba la ilegalidad de los actos de la autoridad y la inocencia de los detenidos. Los familiares acudieron a la Asamblea Legislativa a presionar por la derogación del artículo 362. También realizaron un ayuno y marchas, apoyados por amigos e integrantes de colectivos y organizaciones.

Tras resistirse a la derogación del artículo 362 –una de las posibles vías para la libertad de los 14-, los diputados locales acordaron una modificación que le quitaría el carácter de gravedad al delito para que los acusados enfrentaran el proceso en libertad. El mismo día que el gobierno de la ciudad publicó la modificación, el 27 de diciembre, se fijó la fianza y se hicieron los papeleos necesarios para la liberación.

Para las 11 de la noche, todos los detenidos estaban ya en la calle. Los abogados anunciaron que el proceso penal y la lucha por derogar el 362 siguen en pie.