La lucha del pueblo kurdo por el derecho a la diferencia y por su reconocimiento como sujeto político tiene en este momento su foco en las cárceles turcas. Iniciada el 12 de septiembre en siete cárceles, la huelga de hambre de cerca de 70 prisioneros políticos kurdos se expandió a 39 reclusorios y llegó a más de 600 prisioneros en huelga.

En su mayoría, los huelguistas son miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el Partido de la Liberación de la Mujer de Kurdistán (PAJK) y la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), pero también hay activistas de organizaciones no gubernamentales (ONG) y periodistas kurdos encarcelados. Únicamente los prisioneros enfermos, niños y ancianos del PKK, PAJK y KCK no se han sumado a la protesta. El lunes 5 de noviembre, la huelga alcanzó una nueva dimensión cuando 10 mil prisioneros en 72 cárceles anunciaron que se sumarían a la protesta.

Las principales demandas de los huelguistas se relacionan con el reconocimiento del pueblo kurdo como actor político en Turquía. En primer lugar, exigen seguridad, adecuadas condiciones de salud y la libertad para el líder kurdo Abdullah Öcalan. Los manifestantes consideran que, sin un trato adecuado para su líder histórico, no es posible llegar a ningún tipo de negociación exitosa con el gobierno turco. En segundo lugar, piden el reconocimiento del idioma kurdo en la educación y en la esfera pública. Por último, subrayan que van a hablar kurdo en sus juicios y exigen que los jueces acepten su defensa en este idioma. El uso público de la lengua kurda está prohibido en todo el territorio de Turquía, con lo que se marginalizan las manifestaciones políticas y la misma reproducción de la cultura y sociedad kurdas, denuncian las organizaciones.

Este llamado en defensa de la existencia y libertad kurdas repercute en Turquía y otras partes del mundo. Prácticamente todos los días hay marchas, vigilias y manifestaciones públicas de apoyo a los huelguistas y contra el silencio del gobierno en las provincias con gran presencia kurda. Asociaciones de familiares de prisioneros, sindicalistas, partidos de izquierda y sociedad civil se reúnen frente a las prisiones o en lugares de gran circulación, y son fuertemente reprimidos por fuerzas policiacas.

Además, hay huelgas de hambre alternativas en por lo menos 10 provincias de Turquía (Antep, Van, A?ri, Erzurum, I?d?r, Siirt, ?zmir, Batman, Dersim y Tekirda?) y dos Centros Comunitarios Kurdos en América (Toronto y California).

Más de 150 académicos lanzaron un llamado a toda la sociedad para encontrar una solución para la huelga de hambre. Afirman que el problema kurdo será su principal tema académico hasta que las demandas de los prisioneros sean cumplidas. Dicen los intelectuales: “La actual situación en Turquía corresponde a un desastre irrecuperable, ya que el pueblo de este territorio, tanto la sociedad como la naturaleza, están sujetos a una gran destrucción moral y material a causa de la guerra llevada a cabo desde hace 30 años. La violencia ha sido distribuida desmedidamente de generación en generación y se asoció en la memoria social con todo su poder de destrucción. La guerra debe terminar urgentemente y deben generarse posibilidades políticas para curar las profundas heridas del pueblo. Estamos aquí y llamamos a todos para que den urgentes pasos en dirección de la paz”.

A pesar de las tentativas del gobierno turco de minimizar el problema, intelectuales y políticos de otros países han manifestado su solidaridad con la causa del pueblo kurdo y su rechazo al desafortunado abordaje oficial de la cuestión. El presidente del parlamento europeo envió una carta al ministro de justicia turco manifestando preocupación por la salud de los prisioneros. Mikael Gustafsson, miembro del parlamento y  representante del partido de izquierda de Suecia, señaló que la huelga de hambre representa “una de las numerosas tentativas de diálogo promovidas por el pueblo kurdo para exigir el fin de su opresión, prisión y asesinato desde el establecimiento de la república turca”. El diputado también resaltó que “el intento del gobierno turco de reducir el pueblo kurdo al silencio y de eliminar su derecho de organización política representa una gran huella para la democracia”.

En Alemania, un grupo de parlamentarios y defensores de derechos humanos afirmaron que “el gobierno turco sigue violando los derechos humanos del pueblo kurdo usando su poder jurídico, político y militar. Tenemos conocimiento de que se documentaron 1555 casos de tortura fueron tan solo en 2011. Además, las condiciones de vida en las prisiones de Turquía empeoran cada día y a los prisioneros no se les provee de los debidos cuidados médicos”.

Después de 50 días de silencio oficial y constantes ataques a manifestantes por parte de la policía, el primer ministro turco negó públicamente la acción de los prisioneros, afirmando que “sólo hay una persona en Turquía que decidió morirse de hambre, y esta persona actualmente recibe cuidados médicos en la cárcel”. Según el ministro, la acción de los prisioneros no pasa de ser un “show político” y calificó de “absurdas” las demandas de los ayunantes.

La conmoción por la declaración del primer ministro fue masiva. La adhesión de nuevos prisioneros a la huelga y el creciente número de manifestaciones contra el gobierno turco dejó patente que ya no será posible callar al pueblo kurdo. La represión, sin embargo, sigue a todo lo que da: el 2 de noviembre, cien estudiantes fueron arrestados en la universidad de Pamukkale, después de una ofensiva de centenares de policías contra una manifestación. En la Universidad Técnica del Medio Oriente (ODTU), en Ankara, la confrontación entre policía y estudiantes generó incendios en edificios y en la reserva ecológica del campus.

Frente a las reacciones y a la creciente tensión social, el ministro de justicia, Sadullah Ergin, dijo que las autoridades ya trabajan para solucionar las demandas, por lo que ya no es necesario que siga la huelga de hambre. El ejemplo de la “voluntad de paz” del ministro generó más revuelta: según Ergin, el proyecto de ley para la defensa jurídica en kurdo entraría en vigencia en 2023.

Varios políticos han argumentado en favor de las reivindicaciones de los prisioneros. No obstante, parecen ser voces sin eco en el AKP, partido del gobierno. La situación se tornó insostenible entre los dos partidos más representativos de Turquía el 8 de noviembre, cuando dos diputados del Partido Paz y Democracia (BDP), Emine Ayna y Özdal Üçer, anunciaron que se sumarían a las huelgas de hambre hasta que sea votado un proyecto de ley sobre el idioma kurdo.

En el tercer mes de una huelga de hambre que salió de los reclusorios hacia la sociedad civil, se envió al parlamento un proyecto de ley que puede trazar el camino para el uso del idioma materno en los juicios. Sin embargo, el documento apunta que “autoridades gubernamentales deben proveer un intérprete para los demandados que no sepan turco, pero no para aquellos que sepan turco pero requieran su defensa verbal en otro idioma”. Aunque es claro que la propuesta difiere bastante de la reivindicación de los prisioneros, hasta el momento el gobierno de AKP no ha mostrado disposición en ceder en ningún otro punto.