Colombia. La segunda fase del proceso de conversaciones entre el gobierno y las FARC comenzó con un destape de las estrategias de cada parte en la aproximación a la agenda pactada. El costo para el gobierno fue el escenario escogido y la imagen política que, pragmáticamente, le permitió a su antagonista. Esta puesta en escena en Oslo pesó más que el contenido de los discursos que son de circulación cotidiana en internet para el caso de las FARC y de amplia difusión por radio prensa y TV en lo que concierne al gobierno. Los titulares de toda la prensa mundial resumen lo ocurrido: después de seis décadas de guerras y muerte, en Colombia se inicia un serio proceso para terminar los conflictos armados y ponerle fin definitivo al alzamiento de la guerrilla más vieja del continente americano y la única persistente. Nadie dijo con ese volumen gobierno y narcotraficantes buscan la paz. Es un hecho cumplido, el estatus de ese diálogo que sigue ahora en La Habana es entre partes de un conflicto armado interno. En ese lenguaje, a las FARC se le ha aceptado el calificativo de fuerza armada disidente que definen los acuerdos internacionales.
Las FARC aprovecharon el cuarto de hora, en realidad la media hora, para reafirmar el mensaje de que son rebeldes con causa, con oposición al modelo económico y político en todos sus aspectos.
La declaración que leyó Iván Márquez apuntó a sostener que para construir la paz, definida en el preámbulo del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de la paz, es indispensable que se derrote el modelo neoliberal que en Colombia toma forma concreta en las llamadas locomotoras y en las políticas frente a la globalización, incluidas las reglas del juego con las multinacionales y los TLC. El gobierno, a través de su vocero Humberto de la Calle, les respondió diciendo que ese discurso puede ser parte del programa de un nuevo partido de oposición que formen las FARC después del acuerdo de terminación del conflicto, pero que no forma parte del temario descrito en los puntos pactados de la agenda: desarrollo rural, apertura y garantías políticas, cultivos ilícitos y política antinarcotráfico, víctimas y verdad y verificación e implementación de acuerdos con cese definitivo de hostilidades.
Así quedó en evidencia el forcejeo y los límites de la mesa bilateral. Las FARC buscan estirar al máximo los temas y subtemas y el gobierno quiere que no entren en choque con su plan de desarrollo y sus aliados. Ese forcejeo es inevitable pues no obstante la agenda corta que ha sido aprobada, cada tema y subtema está abierto a interpretaciones y propuestas. Por ejemplo: lo relativo a desarrollo rural, tierras o seguridad alimentaria, está relacionado con territorio, ordenamiento de usos y disputa por recursos, con la industria extractiva, los agrocombustibles y la propiedad colectiva o la política forestal. Es obvio que si hablan en serio de producción o comercialización de productos rurales, de entrada no se pueden prohibir mencionar las políticas de subsidios, impuestos, regulación a la inversión extranjera o impactos de los TLC. La cadena de relaciones y correlaciones es indeterminada, de modo que después de los discursos y sustentaciones generales, se tendrá que pasar a las propuestas concretas y a hacer la lista de imposibles y viables.
Esa será la hora de la verdad.
La moraleja es que no cunda el pánico. Esa mesa en La Habana podrá definir medidas de aplicación inmediata en el marco de las competencias del poder ejecutivo y procedimientos para procesar otros asuntos que requieren del Congreso de la República o de la intervención de otras instancias. Muchos grupos sociales que no se sienten allá representados, comenzando por los indígenas y los afros, quieren su propio escenario de pactos y en otros campos no le alcanzará la legitimidad a la mesa bilateral. Lo vital para este proceso es que encuentren el termino medio de lo posible en cada tema o subtema y que se entienda que allí no acabará la construcción de la paz, ni la disputa sobre el diseño de la sociedad y la institucionalidad necesaria para la paz; después de la dejación de armas, de la desmilitarización del país y de la política, tendrán que venir nuevas confrontaciones y nuevos pactos, porque como están las cosas de La Habana solo puede esperarse una cuota parcial. El resto dependerá de la conformación de fuerzas transformadoras en la civilidad y de la capacidad de prevenir un guatemalazo: pacto de armas sin pacto social con los desarmados.
