México, DF. Tres muertos, decenas de heridos y manifestaciones por todo el territorio panameño es el saldo de una ley de venta de tierras que las organizaciones sociales valoran como poco beneficiosa para el pueblo, ya descontento por sus condiciones de vida.

El representante indígena del pueblo naso, Eliseo Vargas, señala que “los 45 diputados oficialistas ya no tienen principios, valores ni moral para alegar que las ventas son beneficiosas para el pueblo, que vive en la miseria a causa de la mala política gubernamental”.

El caos en la provincia de Colón comenzó cuando el gobierno de Panamá aprobó el proyecto de Ley 529 o Ley 72. El diputado oficialista Sergio Gálvez, tras la aprobación de la ley, gritó en la tribuna “a llorar al cementerio”. Días más tarde, en las movilizaciones hubo tres muertos y multitud de heridos, mientras el presidente nacional se comunicaba vía twitter desde Vietnam.

La Zona Libre de Colón se estableció en 1948 y es la segunda zona de libre comercio más grande del mundo. Durante más de 40 años en la economía nacional de Panamá, esta zona es el paso y la unión del mercado latinoamericano y del Caribe con Asia y Europa. Cuenta con más de 2 mil 500 empresas que generan más de 27 mil empleos permanentes.
Edgardo Voitier, del Frente Amplio Popular de Colón, explica que las mercancías más comercializadas son productos asiáticos como utensilios eléctricos, artículos para el hogar, perfumes y cosmética, relojes, ropa, calzados, etcétera. En la mayoría de los casos, la mercancía viene de Japón, Corea del Sur, China, Taiwán y de los Estados Unidos; los países que exportan son sobre todo los latinoamericanos y Estados Unidos.

El día 22 de octubre, en Colón, miles de ciudadanos salieron a manifestarse contra la Ley 72; el gobierno de Ricardo Martinelli respondió con una violenta represión que ha provocado una respuesta popular en todo el país.
“La provincia de Colón, cuyo pueblo ha soportado durante años el engaño más vil de los políticos”, menciona Vargas, “en estos momentos se encuentra en las calles, manifestándose en contra de la aprobación de las ventas de los terrenos de la Zona Libre”.

El dirigente señala que “esta nefasta e inconstitucional reforma” provocó la ira del pueblo, y señala como culpable de los acontecimientos al gobierno, que además “ha reprimido sin escrúpulos”.

“Estas manifestaciones han dejado una ola de heridos de gravedad y, en lo que va de lucha en las calles, hay identificados al menos tres muertos, incluyendo a un niño de 9 años alcanzado por una bala de la policía”, denuncia Eliseo Vargas.

Ante la represión, Edgardo Voitier llama al movimiento social: “El pueblo colonense ha puesto su confianza en el movimiento popular que lucha por la derogación de la 72. Esperamos que ningún miembro de este movimiento se convierta en elemento de discordia y división en esta lucha, la unidad monolítica del movimiento y sus miembros es la clave del éxito”.

En una convocatoria de diversas organizaciones, el 25 de octubre organizaciones se realizaron manifestaciones en todo el país. En la ciudad de Colón se cerró la entrada y la salida. Además, el movimiento indígena Congreso General Ngäbe-Buglé, en la comunidad de San Félix, provincia de Chiriquí, se unió a la exigencia de la destitución de la Ley 72.
Adicionalmente, contingentes de obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUTCyS) cerraron la vía Interamericana en dos puntos de la provincia de Coclé.

Voitier, representante del Frente Popular, reclama: “Escuchamos los testimonios del ensañamiento policial. Balazos a esposados, rociamiento de gasolina en el cuerpo de un detenido, botazos en la cara a un ciudadano apostado en el suelo, gas lacrimógeno dentro de casas para forzar a las personas a salir de ellas”. Y finaliza diciendo que “esto no se puede quedar así”.