Guadalajara, Jalisco. La cultura y la historia se hacen desde la cotidianidad y la comunidad. Así, la defensa del territorio y la cultura no es más que una forma de hacer historia hoy, una historia a contrapelo del modelo de explotación y dominación de los capitalistas y sus gobiernos, que acumulan riqueza con el despojo y la privatización de tierras, de la arqueología, la arquitectura, y los documentos históricos que dan cuenta de los procesos sociales de los pueblos.

Necesitamos una política que impulse la lucha contra el despojo y la destrucción de los bienes arqueológicos, históricos y antropológicos, conjuntamente con la pluralidad de sujetos que también están obligados a luchar contra el despojo de su tierra-territorio y por la defensa de su cultura como pueblos, de manera que se explicite que es parte de la misma lucha contra la privatización y destrucción de los bienes culturales de la nación.

La imposición de legalización de políticas e instituciones al margen de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) y de la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, es funcional a la lógica y la racionalidad de la privatización encubierta en la perspectiva de la acumulación por despojo disfrazado de desarrollo turístico. Ejemplo de ellos son las iniciativas que impulsa el Estado a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA).

La lucha contra la destrucción de los bienes arqueológicos e históricos de la nación, comúnmente llamado patrimonio cultural, exige actualmente una forma de hacer política que se articule con la lucha que están dando los pueblos, comunidades y barrios, como descendientes directos de quienes fueron los creadores de los bienes nacionales arqueológicos e históricos, sujetos que ocupan el mismo territorio donde se asienta dichos bienes nacionales. Así, entendemos que la defensa de estos bienes nacionales implica, en la situación actual, la lucha contra el despojo del territorio y la cultura; no se pueden entender separadas, a menos que desconozcamos a los sujetos que las producen y a los que las han resguardado durante siglos.

Contribuir a configurar un programa de lucha y resistencia como trabajadores, profesores e investigadores, de manera que podamos detener y revertir las políticas estatales de privatización del patrimonio arqueológico, histórico y antropológico, es al mismo tiempo inhibir y desarticular las condiciones de flexibilización laboral y despojo de nuestro trabajo que se han impuesto en los últimos años.

Debemos ser conscientes de que las operaciones de una estrategia de despojo, privatización y destrucción de los bienes nacionales en favor de capitalistas y empresas particulares -por ejemplo, el Manual General de Organización que imponen los funcionarios burócratas del INAH, con el apoyo de todo el aparato de Estado, es un instrumento normativo que, como cualquier otra ley secundaria y programas que desde las secretarías de educación se están implementando para negar la aplicación de la constitución que garantiza la existencia de los bienes arqueológicos e histórico, así como la tierra comunal y ejidal, para evitar se privatice el territorio nacional.

En esta perspectiva, no debemos avalar discursos conceptuales cientificistas subordinados a discursos legaloides que encubren formas de privatización y despojo. Los dictámenes arqueológicos, antropológicos y sobre monumentos históricos que no consideran el contexto histórico-antropológico son un ejemplo de esto.

Dentro del modelo neoliberal implementado desde 1982, la clase política, siempre al servicio de los capitalistas, se lanza a invadir las tierras, bosques y áreas de reserva natural protegidas en zonas rurales o urbanas, explotando y destruyendo naturaleza y cultura. Si para ello tienen que inventar leyes que legalicen el despojo, lo hacen con el mayor cinismo; si tienen que matar y reprimir a quienes se resisten al despojo, igual lo hacen sin ninguna reserva. Incluso existen leyes como la Ley Estatal Indígena de Jalisco, que desconoce al pueblo coca de Mezcala y de San Pedro Itzican, y a varias comunidades Nahuas del sur de Jalisco, arguyendo que no hablan la lengua ni se visten de acuerdo a las costumbres ancestrales.

El despojo de los territorios al que están sometidos los pueblos indígenas está directamente relacionado con la privatización de la tierra comunal y ejidal. La modificación del artículo 27 constitucional en 1992, hecha por Carlos Salinas y los partidos políticos que controlan el poder legislativo, sentó las bases; ahora, los programas como el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares (PROCEDE) y el Programa de Certificación de Derechos Comunales (PROCECOM), son parte de las políticas neoliberales que aplican prácticamente todos los gobiernos de todos los colores. Este es el caso del ayuntamiento perredista del municipio de Poncitlán, en Jalisco, que mantiene una política de despojo del territorio del pueblo coca de Mezcala, con un particular ahínco en la destrucción de la arqueología y la arquitectura monumental de la Isla del Presidio; también es el caso del ayuntamiento panista de Mezquitic, que hace lo mismo con el pueblo wirrárika al destruir de sus zonas sagradas, como la de Paso del Oso, que es destruida por la construcción de una carretera que pretende ser la vena del corredor turístico en la sierra del territorio wirrárika. Lo mismo sucede con los ayuntamientos priistas de Ayotitlán y Tuzpan, también de Jalisco, que están favoreciendo a las mineras, propiedad de capitalistas trasnacionales contra los pueblos nahuas. Pasa igual con el centro histórico de Guadalajara, Jalisco, con el despojo a los habitantes que por generaciones lo han habitado.

Tenemos la necesidad de elaborar, entre todos, una radiografía y diagnóstico del despojo y la destrucción del patrimonio cultural en todo el país, pero también de la resistencia al despojo. Debemos hacerlo con la participación de los pueblos, comunidades, barrios y personas que están, de hecho, dando la lucha y la resistencia contra la destrucción y el despojo del patrimonio cultural y su territorio¹. Este proceso no es sino una nueva guerra de conquista y colonización; la modalidad no le pide nada a la que hace 500 años llevaron a cabo los conquistadores. A los nuevos invasores los caracteriza su desprecio racial y clasista, de manera que tratan a indígenas y campesinos como si no fueran seres humanos a los que, si antes se les negó esta condición por no estar evangelizados, ahora es porque no se han subido al tren del progreso, que para ellos significa convertir a las zonas arqueológicas y monumentos históricos en mercancías a explotar “turísticamente”, y el entorno geográfico en lujosos fraccionamientos, hoteles y campos de golf².

La resistencia y la autonomía, como forma de hacer política, han generado iniciativas políticas y organizativas en las localidades y desde la cotidianidad de los pueblos y barrios del campo y la ciudad. La construcción de autonomía consolida donde ya se realizan procesos de autogobierno, autogestión y organización comunitaria, proyectos con la perspectiva de que sean los propios sujetos sociales quien se haga cargo de la reproducción de su vida digna y, con ello, de su cultura y la naturaleza.

Esto exige que cada comunidad y colectivo sean estrategas de su propia resistencia, reconociendo así las diferencias. De esta manera, aquellos sujetos que han logrado articularse y enlazar sus luchas y movimientos de resistencia para enfrentar la estrategia colonialista de despojo y represión que los burócratas gubernamentales han implementado de manera brutal, ha sido merced al respeto a sus diferencias y la solidaridad se ha basado en el apoyo mutuo.

La construcción de un programa de lucha que dé cuenta de las prácticas que los sujetos concretos estamos realizando desde la cotidianidad y el espacio de vida y trabajo, en la perspectiva de resolver las necesidades y generar las relaciones sociales necesarias para ello, implica que seamos los propios sujetos quienes la elaboremos, pues la emancipación es autoemancipación y exige otra forma de hacer, de escucha, de dialogar entre los diferentes que somos. Así, las formas de hacer política se convierten en fundamentales y determinantes para el cambio en las relaciones sociales dominantes, y en esto radica el elemento central para pensar, desde la perspectiva del sujeto que, en este caso, somos los trabajadores del inah.

Es importante, por tanto, distinguir un programa de un plan de acción. Un programa contiene lo que pensamos y lo que consideramos respecto de nuestra realidad, pues la realidad se constituye con la acción de los diferentes sujetos y la confrontación y lucha que resulta de las relaciones sociales-económicas-políticas dominantes. El programa es una construcción y creación permanente de trabajo, lucha e iniciativas de acción en todos los ámbitos.

Desde esta condición de acción y experiencia, se trata de poner en un plano general y hasta cierto punto abstracto, los problemas concretos, la forma como hemos pensado y hecho la lucha y la resistencia contra el despojo de nuestra materia de trabajo y la privatización de los bienes nacionales, la represión, la dominación y el desprecio que sobre los sujetos creadores se ha ejercido por parte del Estado y los capitalistas; pero también cómo hemos estado construyendo nuestras formas de sobrevivir, de relacionarnos socialmente, de organizarnos y de construir desde ahora el otro mundo que queremos para vivir dignamente. Seguramente, desde cada localidad los trabajadores e investigadores del inah hemos experimentado todo esto; pongámoslo en común y veamos cómo nos articulamos.

El problema que se plantea como materia de trabajo implica la realidad articulada que producen los sujetos en formas de arqueología, arquitectura, historia, cultura, etcétera, es decir, las formas de hacer en la creación cultural y la transformación social. Esto a su vez nos plantea, como trabajadores, la necesidad de conciencia histórica y política sobre el sujeto creador de cultura, de manera que nos despojemos de la forma de entender el producto de su trabajo como fetiches y artefactos cosificados. No hay historia sin sujeto, ni cultura sin sujeto³.

Estamos en la posibilidad de decir ¡Ya Basta! y retomar la perspectiva desde los sujetos sociales que podemos ser en la defensa del territorio, de la educación pública y de la investigación como proceso de conocimiento social. No debemos seguir moviéndonos dentro de los márgenes que establecen el funcionariado del INAH y la clase política que opera el Estado. Podemos dar la lucha contra el despojo en los márgenes de la legalidad establecida, pero también ir más allá. De otro modo, no podremos crear nuevas formas de hacer política e investigación desde una perspectiva de sujetos autónomos. No debemos seguir distrayéndonos dando la pelea respecto a la legalidad del CENCA, cuando es determinante retomar la lucha por restituir lo que se le quito al artículo 27 constitucional, que es lo que le da la cobertura legaloide al despojo del territorio y la cultura de los pueblos que configuramos este país. También es determinante la defensa y restitución del contenido del artículo 4º, el 3º, el 123 y 127 constitucionales, con sus respectivas leyes reglamentarias: Ley Agraria, Ley Federal del Trabajo, de Educación, etcétera.

Es fundamental hacer caso a las ponencias colectivas de los centros de trabajo (la de Michoacán, la de Morelos, la de Jalisco, la de las compañeras arqueólogas Noemí y Blanca, la del Comité de la delegación y tantas otras que se presentaron). Este trabajo es producto del esfuerzo de estos años por impulsar una política desde abajo, desde las regiones. Estamos en condiciones de retomar un trabajo desde los centros de trabajo y desde los centros inah estatales, tanto en lo político como en la creación de espacios académicos y de investigación. Cuidemos el avance de construcción de lo colectivo que se está gestando con el trabajo de colectivos de compañeros en las diferentes regiones y entidades estatales. Tal vez con la realización del trabajo en talleres y foros, como se propuso en el VI Congreso, se pueda dar continuidad a lo que hasta ahora hemos construido en este sentido de lo colectivo desde abajo.

El caso de la isla de Mezcala

La comunidad indígena de Mezcala, en voz del Comisariado de Bienes Comunales, emitió en 2010 una declaración política que nos recuerda que la lucha por la tierra y la reivindicación del territorio donde habitan desde la llegada de los españoles, ha sido defendido a pesar de la muerte y la guerra que los invasores de ayer y hoy siguen imponiéndoles.

A propósito del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la Revolución, la isla de Mezcala fue declarada territorio principal de los festejos por el presidente Felipe Calderón, de manera que se implementó una estrategia de destrucción del patrimonio cultural arquitectónico y monumental que existe en la Isla del Presidio, con el pretexto de restauración de los monumentos históricos.

Es necesario recordar que la isla fue el escenario donde, por más de cuatro años (entre 1812 y1816), los cocas de la región sostuvieron una de las más dignas rebeliones indígenas contra los españoles. En ella, dicen en su declaración, “pulsa y vive la sangre de nuestros antepasados, en ella se refugia la memoria de nuestro pueblo y en ella reafirmamos nuestra identidad como pueblo originario”.

Resulta por demás importante reproducir un fragmento de su declaración:

“Cada 25 de noviembre nuestra historia, junto con nuestros muertos, los antepasados, pasean por el pueblo, por el lago, por la Isla; salen, susurran en nuestro oído los cuidados que debemos de tener a nuestro territorio, nuestra herencia. Es por eso que aquí, en la comunidad indígena de Mezcala, la tierra no la vendemos, más bien la defendemos, pues es el recuerdo más cercano que nos une con ellos. También los muertos nos vienen a recordar que nosotros somos los dueños legítimos de las más de 3 mil 600 hectáreas de territorio, además de la posesión de la Isla de Mezcala, y que al igual que ellos tenemos que cuidarla y defenderla, o sea que lo que ellos hicieron en tiempos antiguos, nosotros tenemos que hacerlos ahora y pues también los intentos de quitarnos la tierra que nos ha pertenecido por más de 500 años, al igual que ayer, los tenemos ahora”.

La declaración política de los comuneros de Mezcala debiera tomarse muy en serio por la clase política de todos los partidos y los gobiernos estatal y municipal de Poncitlán, pues todo indica que no están dispuestos a ceder su territorio para convertirlo en un mercado de negocios privados disfrazado de desarrollo turístico. En su comunicado denuncian que a los funcionarios del Ayuntamiento de Poncitlán, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, e INAH, se les olvida reconocer que el territorio de Mezcala es comunal y cuentan con un título primordial desde 1534 y una declaratoria presidencial de 1974, que reafirma la propiedad comunal del territorio. Pero a pesar de ello, quieren convertir a la Isla en un centro turístico, cuando para la comunidad de Mezcala es parte de su historia y la isla es el corazón de la comunidad.

En lo que corresponde al inah, es necesario advertir que los arquitectos del departamento de monumentos históricos y los arqueólogos del Centro inah Jalisco, han realizado dictámenes donde se muestra que existe destrucción del patrimonio arqueológico y de los monumentos arquitectónicos que se encuentran en la isla, sin embargo, las autoridades anteriores y la directora, Angélica Peregrina (que fue destituida en enero del 2012), avalaron los trabajos a cargo del ayuntamiento de Poncitlán y el gobierno del estado.

Por esta situación, fue pertinente la demanda de renuncia del director general del inah, la de la directora del Centro inah Jalisco, Angélica Peregrina, que en su momento realizamos como sindicato de investigadores.

La conquista neoliberal va sobre el territorio de todos en las ciudades

La defensa del territorio y la cultura, es decir, de la tierra donde se da la vida cotidiana de las personas, familias y comunidades urbanas, la zona metropolitana de Guadalajara, entre otras, se ha convertido en un problema complejo ante la rapiña desatada por los grandes consorcios fraccionadores y comerciales en su afán por acumular dinero a costa de la vida, pues la destrucción de bosques, manantiales y ríos subterráneos, y la ruptura del equilibrio del ecosistema traerá consigo, en dos o tres décadas, desastres en apariencia naturales, pero propiciados por la voracidad del capital y los burócratas gubernamentales que se ponen a su servicio a cambio de recibir una pequeña riqueza.

En las ciudades, el despojo del territorio también implica una estrategia que, como en la guerra, pretende despoblar y luego repoblar con nuevos criterios, donde se sacrifica el medio ambiente, la naturaleza, y las formas arquitectónicas que los habitantes se han dado de acuerdo con sus necesidades. Lo prioritario para los operadores de la guerra de despojo está decidido por los intereses de las grandes trasnacionales, que de paso invaden y golpean a los pequeños y medianos comerciantes, pues construyen grandes plazas comerciales y otras edificaciones de calidad deficiente y en zonas inapropiadas, que van deformando la ciudad y afectando la calidad de vida de sus habitantes, pues construyen espacios habitacionales en zonas cuyo uso de suelo y factores ambientales no son adecuados, en zonas boscosas a costa de su destrucción (el caso de la zona metropolitana de Guadalajara que está rodeada de bosques).

Los pobladores de colonias y barrios como Jardines del Sol, Camichines, Nextipac, el Nixticuil, Los Colomitos, La Primavera, Tlajomulco, La cuenca del ahogado, El Salto, Arcediano, la zona centro de Guadalajara, Colomos, Miravalle, el Colli, por mencionar los que han trascendido en los medios de comunicación, son objeto de despojo y destrucción de su territorio. Enfrentan nuevas leyes y reglamentos municipales, elaboración de planes de urbanización, como parte de una estrategia de colonización.

En 2008 se realizó en el Museo Regional de Guadalajara un Foro Contra el Despojo donde participaron organizaciones y pobladores de los barrios y colonias mencionados, presentaron sus testimonios sobre el despojo del que son objeto y emitieron una declaración política donde seresalta lo siguiente:

“La estrategia de colonización se disfraza ahora con toda clase de discursos, leyes y políticas públicas: declaración de parques ecológicos, promoción del ecoturismo, leyes de patrimonio cultural y natural, etcétera, pero las grandes trasnacionales junto con capitalistas locales convertidos en socios minoritarios, han decidido acabar con la riqueza natural a costa de millones de personas; sus valores fundamentales son el dinero y el poder encubiertos en sus buenas conciencias. En la aplicación de esta estrategia están los empresarios, los falsos ambientalistas, algunos académicos, medios de comunicación y los políticos de todos los partidos que utilizan el gobierno y las instituciones del Estado para operar esta guerra de conquista”.

Este testimonio demuestra que la defensa del territorio, cada vez está quedando más claro a los habitantes de las zonas urbanas, que de por si los indígenas y campesinos ya lo traen consigo, pues consideran que la tierra que habitan es también la madre tierra, comunidad y barrio, historia y cultura, ancestros y descendientes, familia y lo colectivo, deseos y sueños.

En conclusión, los capitalistas neoliberales van tras la conquista de todo el territorio nacional, no sólo en las zonas rurales sino también en las zonas urbanas, ellos no entienden que el territorio es el albergue de nuestra raíz y nuestra historia, que naturaleza y humanidad es una y la misma cosa. Que el contenido del territorio es la tierra, el subsuelo, el aire, el agua, la flora, la fauna, la vida pues, y todo ello lo quieren convertir en simple mercancía. Son ellos, los capitalistas, quienes inventaron la propiedad privada de la vida, pero seguro que podemos reinventarnos, con un poco de dignidad.

Ante la estrategia del despojo, se levantan cientos de resistencias y el reto en el futuro es su entrelazamiento, combatir la fragmentación que es la lógica que impone el capital a las colonias y barrios. Las mujeres y los jóvenes que se miran en todas esas luchas contra el despojo y la explotación de la naturaleza y los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, muy pronto se tendrán que reconocer en sus diferencias para poder articular sus resistencias, de ello ya existen algunos indicios.

Se ha demostrado que una alternativa posible, después de probar un sin número de formas de resistencia, es la construcción de autonomía, es decir, crear o consolidar donde ya se tiene, procesos de autogobierno, autogestión y organización comunitaria que se hagan cargo de la reproducción de su vida digna, y con ello, de su cultura y la naturaleza.

Resulta relevante reconocer cómo se han desplegado una pluralidad de sujetos tan diversos en todo el país que se identifican como parte del esfuerzo por crear un nuevo México. La resistencia y la autonomía, como forma de hacer política, ha generado iniciativas políticas y organizativas en las localidades y desde la cotidianidad de los pueblos y barrios del campo y la ciudad. Esto, y el respeto para que cada comunidad y colectivo sea estratega de su propia resistencia, reconociendo así las diferencias, son el punto de partida que enlazará las luchas y movimientos de resistencia para enfrentar la estrategia colonialista de despojo y represión que los burócratas gubernamentales han implementado de manera brutal. Estamos frente al desafío de hacer consiente lo inconsciente cultural que representa superar el trauma histórico de la conquista de que hemos sido objeto, tanto como de una cultura paternalista y corporativista, pues esto ha sido la base de la dominación.