Santa Cruz del Rincón, Guerrero. A pesar de la tensión que provocó la aprehensión de uno de los representantes de la Policía Comunitaria de Guerrero siete nuevas comunidades solicitaron su integración  a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Representantes de la comunidad de Huamuxtitlán, se presentaron en la Asamblea Regional –órgano máximo de decisión de la Policía Comunitaria (PC)– para  su incorporación formal a la organización de justicia autónoma.

Diversas razones de seguridad orillaron a siete de las nueve comunidades, pertenecientes al municipio de Huamuxitlán de la Montaña Alta, a establecer vínculos con la CRAC, durante la Asamblea celebrada en la comunidad de Santa Cruz del Rincón.

En días pasados, autoridades del municipio de San Luis Acatlán detuvieron a Máximo Tranquilino, uno de los coordinadores regionales de la CRAC y, en consecuencia, la asamblea detuvo a cinco funcionarios del ayuntamiento y el territorio en el que tiene presencia la CRAC se declaró en alerta y movilizó a más de 800 policías comunitarios.

Durante la reunión efectuada en Chilpancingo, con representantes del gobierno, no se llegó a ningún acuerdo y “se teme la ejecución de más órdenes de aprehensión contra integrantes de la CRAC”, alerta Valentín Hernández, asesor jurídico de la organización comunitaria.

En la Asamblea Regional, efectuada este 2 de septiembre,  a la que asistieron representantes de más de 30 comunidades y 23 grupos de policías comunitarios de las tres Casas de Justicia, campesinos y fundadores de la PC informaron de las detenciones y explicaron que en el 2001, el párroco de Santa Cruz del Rincón fue detenido por dar apoyo a los comunitarios. En ese mismo año, la policía judicial tomó presos a cinco comisarios en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, mientras que Constantino Teodoro fue detenido y acusado de privación de la libertad. Además, existen otras órdenes de aprehensión que se encuentran suspendidas.

Claudio Carrasco, coordinador de la Casa de Justicia en la región me’phaa de Espino Blanco, dijo que “estamos haciendo seguridad para nuestros pueblos. Esto le correspondía al gobierno del estado y al federal, pero como ellos no cumplen los acuerdos, hemos tomado una decisión fuerte en defensa de nuestros derechos”.

A la Asamblea asistieron integrantes de 17 organizaciones campesinas, magisteriales estudiantiles y populares del estado de Guerrero, así como representantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el Tribunal Permanente de los Pueblos, integrantes del YoSoy132, la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur y la Coordinadora Estatal de trabajadores del estado Guerrero, quienes llamaron a dar respaldo popular a la policía comunitaria.

Valentín Hernández, asesor de la organización, explica que “son las autoridades ministeriales las que están podridas. No tienen la humildad de reconocer los errores del ministerio público y eso es muy grave, porque demuestra la descomposición del sistema jurídico del estado”.

“Lo único que nos va a fortalecer es la organización y la alianza con otras organizaciones en Guerrero, porque esto ya nos rebasa. Necesitamos revisar las leyes para que sirvan a los pueblos”, explicó Hernández durante Asamblea Regional.

Felicitas Martínez, consejera de la organización, advierte que “debemos demostrar fuerza al gobierno, convocar y resolver los problemas que son de todos, no podemos esperar 300 años de nuevo, el gobierno nos va acabar”.

La Asamblea Regional convocó también a discutir los problemas en asambleas comunitarias y llamó a las organizaciones sociales solidarias a una movilización el 15 de octubre, en el marco del 17 aniversario de la Policía Comunitaria.

“Yo no estuve detenido, yo fui a hacer una  investigación”

Luego de haber sido liberado, Máximo Tranquilino Santiago, coordinador de CRAC-PC de Guerrero, narra en entrevista con Desinformémonos lo que vivió durante su detención.

“Cuando me apresaron yo no me negué a decir mi nombre. Soy Máximo Tranquilino Santiago”, les dije, “adelante no hay miedo, lo único que quiero es que me digan por qué me detienen. Dentro de la prisión me dedique a investigar sobre justicia en el penal”

De origen campesino, hombre sencillo, originario de la Comunidad Yoloxóchitl, Máximo fue detenido cuando salía de su casa y se dirigía a la Casa de Justicia de la CRAC-PC, y luego lo trasladaron al Centro de Readaptación Social de San Luis Acatlán.

“Cuando me detuvieron y me llevaron al CERESO, platiqué con los detenidos. Varios me decían que no tenían delito, que tenían tres o cuatro años en la cárcel. Muchos de ellos estaban presos por calumnias y eran castigados por los ministerios públicos.  Lo que descubrí es que el ministerio público los castiga pidiendo dinero: 200 mil pesos o 100 mil  y si no, no salían. Ellos son gente pobre que no tiene dinero, que tiene que vender sus animales para poder salir libres”, explica Máximo Tranquilino.

“El mismo día que me liberaron fui a dar información a la Asamblea que me esperaba en la Casa de Justicia de la CRAC, y ahí estaba el ministerio público y el juez de lo penal. Yo regresé enojado, tomé el micrófono y le dije al ministerio publico: “miren nosotros trabajamos para el pueblo y no le pedimos dinero a los detenidos por su libertad. Los que tienen delito los mandamos a reeducación, lo que no tienen delito los mandamos a su comunidad.

“Ustedes que trabajan con el gobierno ganan sueldo. Yo fui a investigar al CERESO, y vi lo que ustedes hacen: ganan dinero y todavía le piden dinero a los pobres campesinos.

“Nosotros no somos de la presidencia municipal, no perseguimos votos, no hacemos trabajo para otras personas. Nosotros hacemos trabajo para el pueblo, las asambleas nos nombran, no es a mí a quien acusan, es a mi pueblo, nosotros trabajamos para el pueblo, concluye Máximo Tranquilino.

Publicado el 3 de septiembre 2012