México DF. La madrugada del pasado 29 de julio, un cruento episodio represivo fue protagonizado por el gobierno “de izquierda” que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, cuando un impresionante operativo policiaco fue desplegado en la delegación Magdalena Contreras en contra de los vecinos de esta demarcación que desde hace dos años mantiene un plantón para oponerse a la construcción del proyecto Supervía Poniente, una obra vial que comunicará el sur poniente de la ciudad de México con la zona de Santa Fe, un importante centro comercial, habitacional y de negocios.
En entrevista con Desinformémonos, la activista Cristina Barros, miembro de la organización ProCiudad-ProContreras asegura que “es claro que ‘alguien’ quiere imponer a toda costa la obra antes de que termine el sexenio” y, ante la resistencia que oponen los vecinos, “se está recurriendo a esta terrible represión”.
Es día 29, el Frente Amplio contra la Supervía había organizado un Foro para festejar los dos años de resistencia pacífica en un plantón que no ha permitido la entrada de maquinaria a su colonia. El evento había terminado ya y la mayoría de los asistentes se retiraban a sus domicilios cuando vecinos que habitan en la parte baja de San Jerónimo comenzaron a hacer llamadas para avisar que había muchos granaderos subiendo por la avenida Luis Cabrera.
Para entonces, granaderos y personal del gobierno del Distrito Federal habían cortado ya puntos estratégicos en la circulación de la delegación Magdalena Contreras. Desde Periférico hasta San Jerónimo, la avenida Luis Cabrera estaba cerrada y cordones de policía bloqueaban las bocacalles que conducen a la Glorieta de las Quinceañeras, un punto representativo de la comunidad donde hay muchos cipreses y que se usa como marco para tomar fotografías de fiestas de quince años, bodas y ese tipo de eventos.
“Al principio creímos que atacarían el campamento”, dijo a Desinformémonos Laura, una de las vecinas que sufrió la violencia policial aquella noche, “pero después nos percatamos que el ataque iba contra la Glorieta de las Quinceañeras por lo que caminamos hacia allá”.
Alrededor de 20 vecinos fueron rodeados por aproximadamente 300 granaderos, quienes los arrinconaron y después los golpearon de forma brutal. Entre los agredidos había mujeres, y también se encontraba el doctor Zambrano –biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México– quien tras defender a su esposa que estaba siendo desnudada y pateada por los granaderos resultó el más lesionado de los presentes.
A pesar de que el Frente Amplio contra la Supervía obtuvo en diciembre pasado la sentencia de un tribunal que declara la obra ilegal y ordena que ésta se detenga, el gobierno del Distrito Federal pretende terminarla de manera urgente, antes de que finalice el sexenio. En días pasados el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, declaró que tenía que terminar la obra antes de que el amparo se decidiera para “pedir perdón antes que pedir permiso”.
El problema, sin embargo, no nació ahora, sino hace 20 años cuando se intentó construir la carretera Contadero – Luis Cabrera. “Surgió desde que inventaron Santa Fe, un desarrollo que nunca debió existir porque no hay condiciones de suelo que lo hagan sustentable. Siempre han tratado de comunicar Santa Fe con el sur de la ciudad, no sólo para que crezca, pues le apostaron mucho a su crecimiento, sino porque se pretende continuar con la urbanización y la Supervía es el gancho para que la gente siga comprando allí. Ahora vemos que hay desarrollos inmobiliarios muy grandes que se anuncian como ‘a 10 minutos de la Supervía’, departamentos en edificios de muchos pisos que van a necesitar agua y servicios que sólo se podrían obtener a costa de acabar con los suelos de conservación de la zona”, explica Cristina Barros.
El proyecto Supervía Poniente –que además cobrará peaje– pretende conectar a través de diez kilómetros de carretera de cuatro carriles –con túneles y puentes incluidos– la zona sur poniente de la ciudad y la zona de Santa Fe.
Expertos y opositores del proyecto aseguran que uno de los mayores problemas de la Supervía es que ésta se pretende construir en suelos de conservación, es decir, áreas que, de acuerdo con el Plan General de Desarrollo del Distrito Federal, son espacios donde se recargan los acuíferos que abastecen el 70 por ciento de la demanda de agua de la ciudad. La pérdida de cada hectárea de este espacio significa que los mantos acuíferos de la cuenca del valle de México dejan de recargar aproximadamente dos y medio millones de litros de agua cada año.
Durante el tiempo que ha intentado construir la Supervía Poniente el gobierno del DF ha incurrido en diversos tipos de engaños. En el 2008, por ejemplo, el gobierno se abrió un concurso para la construcción de la obra y poco tiempo después éste se canceló misteriosamente. En 2009, cuando se acercaban las elecciones, pusieron mantas por la delegación que decían que no habría Supervía. La gente se confió, votó y ganó el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fue justo después de las elecciones cuando apareció la Declaratoria de Necesidades —documento con el que el gobierno perredista “justifica” la construcción de la Supervía—, en diciembre de 2009.
En el 2010, cuando llegaron los avisos de expropiación, “nosotros nos amparamos y empezamos a movilizarnos en toda la cuestión legal, pedimos información. Sabíamos desde hace 20 años, por la manifestación de impacto ambiental que se hizo entonces, que el impacto ecológico de cualquier carretera en la zona sería muy fuerte, al igual que el impacto social porque se trata de un proyecto que dividiría a la delegación. La conciencia de la gravedad del problema se hizo mayor cuando acudimos a biólogos, urbanistas y expertos en movilidad y tránsito que evidenciaron el impacto ecológico y que la Supervía no iba a servir, porque si tenían el pasaje necesario habría un tapón en la circulación y si no había el pasaje, el proyecto simplemente no iba a ser costeable”, explica la activista. Fue en ese año cuando los vecinos iniciaron el plantón que luego se convertiría en el campamento “Malinche 26 de julio”.
Cristina Barros explica que los efectos ambientales derivados de la construcción de la Supervía serían devastadores. “Se acabarán los suelos de conservación y el agua, pero además se seguirá hundiendo la ciudad y los costos en pesos y centavos serán de miles de millones. La gente no podrá vivir, no sólo en el DF, sino en la cuenca de México. Si esto continua así, todos estaremos en peligro. Por ejemplo, en las últimas semanas ha habido socavones, fracturas, inundaciones, hundimientos y temblores en Chalco, y no se sabe a qué atribuirlos. Los expertos han dicho que se extrae más agua del subsuelo de la que se recarga, y que durante los últimos cinco años se ha urbanizado de manera acelerada, lo que podría estar provocando los movimientos telúricos inusuales”.
Para Barros, hablar de izquierda o de derecha es un absurdo, “aquí manda el dinero y eso es a lo que los gobernantes obedecen. No hay respeto a la ciudadanía, a sus derechos, ni a la ley, no hay ideologías, no hay palabra, sólo conveniencia, y somos los ciudadanos quienes estamos en medio, por eso nos quieren hacer ver como unos vecinos que nada más están ‘alborotando’, a pesar de que hemos pedido que nos sentemos, ellos y nosotros, para dialogar sobre los pros y los contras de la Supervía, pero como no tienen razón, nunca han aceptado dialogar con nosotros”.
La respuesta para quienes defienden el medio ambiente y sus costumbres es el acoso diario. Todos los días hay vuelos de helicópteros sobre el campamento, con lo que “se criminaliza a quienes defendemos una la ciudad para todos. El modus operandi es: hay mucho dinero de por medio, voces de ciudadanos que claman por detener este asunto y un gobierno al que le pagamos para que nos golpee, para que se amafie con el dinero y ponga en riesgo la viabilidad de la ciudad”, dice Cristina Barros y asegura que quienes se oponen al proyecto no tiene otro interés que el amor a la naturaleza, a la ciudad, a la vida. Eso es lo que nos impulsa a decir que esto no puede ser. Están atentando en contra de las comunidades.
“En la delegación Magdalena Contreras la obra ha traído tremendas agresiones. No se puede sitiar una delegación entera como sucedió el domingo pasado, así porque sí, y sin dar ninguna información al respecto. El gasto público para proteger a una empresa privada no se puede justificar. ¿Para qué está el gobierno? ¿Para proteger a las empresas o al ciudadanos?”
Después de cuatro años en lucha contra la construcción de la Supervía Poniente los vecinos de la delegación aseguran que han “logrado construir mucha más conciencia en lo que respecta a conocer las consecuencias que este tipo de proyectos podrían provocar. El gobierno dice que llevan avanzado el 70 por ciento del proyecto, pero nosotros no consideramos que sea así. Todavía a principios de este año se estaban haciendo los estudios de mecánica de suelos. No hay un estudio serio de orígenes y destinos de la Supervía”.
Por si esto fuera poco, la empresa constructora no arriesga nada, le dan derechos de vía, pide un préstamo, hace la obra y paga el crédito con el peaje; si no hay afluencia el gobierno paga la deuda. “Todo un negocio redondo para las constructoras”.
Cristina Barros afirma que la violencia vivida el pasado 29 de julio y el acoso diario se deben a que “el próximo jefe de gobierno debe estar diciendo ‘este no es mi asunto, ustedes lo empezaron, ustedes termínenlo’. Pero Miguel Ángel Mancera debe saber que de todos modos le va a estallar el problema. Tenemos una sentencia que muestra que hay ilegalidad en el proyecto y una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que de ser necesario usaremos en las cortes internacionales o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Estamos viviendo los peores tiempos de represión y es claro que ‘alguien’ quiere imponer a toda costa la obra antes de que termine el sexenio, pero nosotros seguiremos analizando la situación y reuniendo información. Ya pusimos una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del DF y vamos a explotar todas las vías legales. Seguiremos informando a la población de la verdad, porque no es posible que continúe el cerco mediático y digan que aquí no pasó nada”.
Publicado el 6 de agosto 2012
