Por una Política Nacional para los familiares y amigos de víctimas del Estado democrático

Estado de Sao Paulo, 23 de julio del 2012

«Para quien vive en la guerra, la paz nunca existió»

 Racionais MCs

Estimada señora presidenta Dilma Vana Rousseff:

Escribimos desde aquí, del interior de una guerra. Escribimos en este momento en medio de una nueva ola de violencia policiaca en el estado de Sao Paulo, que ya ha asesinado a cerca de 200 personas en estos últimos dos meses, sobre todo a jóvenes pobres y negros pobladores de las periferias, haciéndonos revivir los crímenes de mayo del 2006.

Escribimos bajo esta situación de insoportable presión y tensión sin límites; además de como ciudadanos paulistas, como ciudadanas y ciudadanos brasileños que tenemos el derecho de recurrir a la presidencia cuando los agentes e instancias estatales insisten en mostrase sordas y mudas frente a nuestro clamor por la vida. Y continúan cometiendo barbaridades contra su propia población. Contra nosotros.

No es la primera vez que recurrimos a la presidencia de la república, aunque jamás hemos recibido respuesta alguna. Sucede que no podemos esperar más, pues estamos tratando sobre miles de vidas que se han ido; de cientos de vidas que podrían haber sido salvadas si algunas de las siguientes medidas se hubieran llevado a cabo y muchas más podrían ser salvadas todavía si se toman algunas acciones de inmediato. Sin más después de todo la señora presidenta fue también víctima del Estado y entiende bien cuando hablamos de presión limite y urgencia, de modo que enlistamos abajo algunos de las medidas de emergencia que nos gustaría explicarles personalmente a la presidenta y los señores de la presidencia, así como verlos salir del papel inmediatamente:

1. Pedimos, como una emergencia, el acompañamiento político y jurídico por parte de la esfera federal (Presidencia, Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría Nacional de Justicia, Fiscalía Federal, Defensoría Pública Federal y Consejo Nacional de Justicia) a la actual crisis de seguridad pública en el Estado de Sao Paulo, en la que han muerto más de 200 personas a lo largo de los últimos dos meses. Todas las principales esferas ejecutivas y jurídicas del estado de Sao Paulo han demostrado, desde los crímenes de mayo del 2006, su incapacidad para resolver crisis de seguridad pública como ésta del 2012, como ya ocurrió en abril del 2010 y mayo del 2006, entre otros momentos;

2. Queremos una opinión final de la presidencia de la república acerca del pedido del desplazamiento de competencia, la federalización de las investigaciones de los crímenes de mayo del 2006, pedida por nuestro movimiento desde hace más de dos años (en mayo del 2010). En el momento de los crímenes de mayo del 2006, ocurrieron más de 500 muertes en el corto período de una semana – más personas asesinadas que los ya terribles números de muertos y desaparecidos en los más de veinte años de dictadura civil-militar brasileña-. Sin embargo, prácticamente TODOS los casos del 2006 siguen archivados. Necesitamos saber cuál fue el resultado efectivo – si hubo alguno- de la Comisión Especial “Crímenes de Mayo”, creada por el ex ministro de los Derechos Humanos Paulo Vannuchi, dentro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), comisión que, pasados casi dos años de trabajo, no nos ha dado todavía ninguna opinión detallada;

3. Queremos también un camino efectivo dirigido a revocar definitivamente los expedientes de «resistencia seguida de muerte», “auto de resistencia” y afines en todo el país – esta verdadera “autorización para matar” inconstitucional utilizada por policías asesinos en todo el país-. Como ya estaba previsto en el Programa Nacional de Derechos Humanos 3 (PNDH-3), es necesario que se revoque urgentemente el artículo 329 del Código Penal y se mejore profundamente su artículo 292.  Como la de cualquier otro ciudadano brasileño, la investigación de todas las muertes violentas provocadas por agentes del Estado debe ser tratada como casos de homicidios (dolosos y/o culposos);

4. Es necesario crear urgentemente una política nacional dirigida a los familiares de víctimas de la violencia del Estado. Una política que apunte pautas de amparo, protección, asistencia psicosocial, reparación (material y psíquica) e indemnización a todos los familiares directos, todos ellos víctimas colaterales y conexas de la violencia de Estado;

5. Pedimos que el CNJ acompañe, junto con la Defensoría Pública, los casos de muertes violentas relacionadas a los períodos de los crímenes de mayo del 2006; los crímenes del abril del 2010; la masacre de MCs en la Bajada Santista y los crímenes de junio y julio de 2012, en el estado de Sao Paulo;

6. Más allá de la situación en Sao Paulo, es necesario y urgente la validación y el fortalecimiento de todas las Defensorías Públicas Estatales – sobre todo en el caso del estado de Santa Catarina, así como el fortalecimiento y mayor actuación de la Defensoría Pública Federal;

7. Que sean juzgados y castigados también los oficiales superiores, superiores jerárquicos, autoridades de seguridad pública y del sistema carcelario, responsables por de los de Estado que cometen abusos, torturas y ejecuciones sumarias;

8. Es necesaria la validación real del control externo de la actividad policial por la Fiscalía Pública (FP) y por las fiscalías policiales externas con efectiva participación y control de la misma población, así como el control externo de la policía y de la FP por organismos de la sociedad civil;

9. Ampliación de espacios efectivamente democráticos y populares con poder deliberativo para aumentar el acompañamiento, fiscalización, transparencia y control por parte de la sociedad en relación a la actuación de la Fiscalía Pública y los jueces;

10.  Revisión de los criterios de divulgación e información para la formación de un Jurado Popular, que represente efectivamente a la sociedad (conformada en su mayoría por mujeres, pobres y personas no blancas) y que sea correctamente informado y motivado;

11.  Contra la prohibición de que familiares y amigos de las víctimas comparezcan con ropa que tenga símbolos y fotos en las sesiones de los juicios de agentes de Estado, pues significa una violación de los derechos humanos;

12. Contra las decisiones judiciales que conceden libertad a agentes de Estado, acusados de violaciones de derechos humanos, pues su liberación significa una amenaza o intimidaciones a familiares, testigos, movimientos sociales y defensores de los derechos humanos;

13. Contra las decisiones judiciales de postergación de juicios de agentes de Estado acusados de violaciones de derechos por pretextos dudosos como problemas de salud por parte de los abogados de los presos;

14.  Requerimos también a la presidencia de la república y al ministerio de justicia que den los primeros pasos para la creación de una Comisión de Memoria, Verdad y Justicia para las víctimas de agentes de Estado durante el período democrático.

En este país, en lo últimos años, han sido asesinadas cerca de 48 mil personas anualmente, según estudios recientes publicados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), divulgados por el propio Ministerio de Justicia brasileño.

Parte de estas muertes y desapariciones han sido cometidas por agentes de Estado –cuyo deber debería ser garantizar el derecho a la vida y a la libertad de ir y venir en paz– en cumplimiento de sus deberes.

Es necesario que se avance en al derecho a la memoria, verdad y justicia de las víctimas del período democrático (también conforme a las recomendaciones del PNDH-3);

15. Exigimos también la creación de una comisión de amnistía para los detenidos, perseguidos, muertos y desaparecidos políticos por agentes del Estado durante el período democrático, como lo que fue instituido en el ámbito del Ministerio de Justicia en relación a los familiares y víctimas de la dictadura civil militar. Es necesario que se avance en el mismo sentido en cuanto a los detenidos, perseguidos, muertos y desaparecidos políticos de la democracia. Además de las tasas de homicidio, tal altas como las de los países en guerra, tenemos actualmente en Brasil más de 500 mil personas detenidas según el Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN). Hay aún innumerables personas perseguidas por cuestiones políticas, amenazadas de muerte o desaparecidas. El Estado necesita asegurar el derecho a la verdad y a la justicia para todos estos ciudadanos y sus familiares.

Hoy, 23 de julio del 2012, se cumplen exactamente 19 años desde la cacería de Candelaria, una cobardía cometida en contra de niños y adolescentes que estaban dormidos en la calle, frente a una las principales iglesias del centro de la ciudad de Río de Janeiro.

También hoy, nuestro querido Paulo Alexandre Gomes, uno de los desaparecidos políticos de los crímenes de mayo del 2006 estaría cumpliendo 30 años de vida, la cual le fue arrebatada violentamente por agentes de la ROTA cuando tenía sólo 23 años. Hoy, en medio de una nueva ola de violencia policiaca y la actuación de exterminadores, exigimos estas medidas urgentes a la presidencia de la república. A los niños muertos en Candelaria y al joven Paulo Alexandre les dedicamos nuestra actitud de lucha por la verdad y por la justicia.

No se trata de pedir un favor, sino que de una exigencia de respeto a los derechos humanos fundamentales que tenemos como ciudadanos y ciudadanas brasileñas, como usted, señora presidenta, o como cualquier otra persona nacida en estas tierras. Derechos a la vida y la mínima libertad de ir y venir con seguridad, sin el peligro de arriesgarnos  a una muerte causada por agentes de Estado, que simplemente nos juzgan por nuestro origen, clase social o color de piel.

Es necesario tomar actitudes concretas y urgentes o se perderán nuevas vidas.

¡Por el derecho a  la memoria, la verdad y la justicia, ayer y hoy!

¡La población negra y pobre no puede seguir siendo exterminada como gente que vale menos. Todos somos  iguales!

¡Crímenes de Mayo nunca más! ¡Paz en las periferias!

Firmes en la lucha,

Madres de Mayo de la Democracia Brasileña

(Madres de Mayo • Brasil)

Publicado 13 de agosto 2012