México, DF. El 11 de julio pasado, el gobierno federal mexicano firmó el Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que, si bien tiene la finalidad de “combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones y obras artísticas e intelectuales”, vulnera los derechos civiles de los usuarios de internet al criminalizar la descarga, copia, transmisión o almacenamiento de libros, películas, videos y toda clase de archivos que estén registrados como propiedad privada.

En entrevista con Desinformémonos, el abogado Michel Hernández Tafoya, del Observatorio de Telecomunicaciones en México (Observatel), detalló que –de ser ratificado por el Senado de la república– el acuerdo “violentará derechos fundamentales de los cibernautas, pues permite la intromisión de particulares o de autoridades respecto a la libre distribución de información en internet”.

En la práctica, si un titular de derechos de propiedad intelectual sospecha que un usuario de internet está haciendo “mal uso” de su información, podría acudir con la autoridad y solicitar, con base en una presunción, que el proveedor de internet revele datos sobre la cuenta de un particular a otro particular o a las autoridades.

“Esta situación”, apunta Hernández Tafoya, “es contraria al principio de presunción de inocencia asentado en la Constitución, pues un juez podría ordenar que se proporcione información de un usuario o tomar medidas legales en su contra, sólo porque alguien ‘sospecha’ que es culpable y, en ese sentido, cambia el sentido de la legislación al negar el derecho a un debido proceso”.

La ratificación del ACTA vulnerará el derecho a la privacidad de los más de 40 millones de mexicanos que todos los días utilizan internet.

El abogado de Obsevatel explica que, hasta ahora, los contenidos de internet son libres al igual que su distribución y nadie tendría por qué saber qué información está siendo enviada por los usuarios. Sin embargo, el artículo 27 del ACTA –por su redacción abierta y ambigua– abre la puerta para establecer mecanismos que permitan determinar lo que el usuario hace en la red, qué contenidos son compartidos y con quién.

“El artículo 27 del ACTA tiene una redacción tan amplia que puede dar lugar a casi cualquier cosa. Para presumir que alguien descarga información de tu propiedad, se deberán establecer mecanismos de vigilancia. Así, los usuarios tendríamos que acostumbrarnos a saber de antemano que hay alguien que tiene conocimiento de todo lo que estamos haciendo por internet”, detalla Michel Hernández.

Los artículos del Acuerdo Comercial contra la Falsificación, firmado por el embajador mexicano Claude Heller en Japón, país depositario del tratado, podrían ser útiles para ayudar a frenar la falsificación y combatir la piratería en los apartados que se refieren al control de aduanas y medidas fronterizas, indica Hernández Tafoya, pero, en el apartado que se refiere al entorno digital, el costo que los usuarios tendrían que pagar para proteger los derechos intelectuales de algunos es altísimo: “Que nos vigilen en aras de proteger a ciertas personas, no justifica un tratado como éste. Es mucho más importante el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia”.

Los acuerdos internacionales de esta naturaleza permiten que los países firmantes establezcan reservas en ciertos artículos y apartados, pero, señala Hernández Tafoya “México no se reservó nada” y ahora el Senado podría aprobar un acuerdo que violentaría los derechos que establece la Constitución para los ciudadanos mexicanos.

Por ello, diversas organizaciones se han dado a la tarea de difundir lo que la aprobación del Acuerdo Comercial contra la Falsificación podría significar para quienes navegan la red. Avaaz.org está recabando firmas de usuarios de internet contra la iniciativa. En un comunicado de su página web, exigen al Senado de la república mexicana no ratificar el ACTA pues “atenta contra los derechos sociales, la democracia, la neutralidad de internet y el desarrollo tecnológico, privilegiando la propiedad económica sobre la libertad del pensamiento humano”.

Asimismo, apuntan los activistas de Avaaz, “el ACTA da facultad al gobierno federal para frenar la libertad de expresión y eliminar contenidos ‘protegidos’ por ser del dominio empresarial, poner en marcha un programa de vigilancia a través de la policía o el ejército sobre aquello que comparten los usuarios desde sus correos electrónicos o mediante redes sociales como Facebook o Twitter, además de establecer sanciones que podrían llevar a la cárcel a una persona por publicar información que es propiedad de empresas trasnacionales”.

Mientras que el gobierno mexicano ha firmado el acuerdo, el pasado 4 de julio el Parlamento de la Unión Europea, que integra a 27 países, rechazó –por abrumadora mayoría– aprobar el ACTA. No obstante, en lo que el Michel Hernández califica como un comunicado de prensa “con una redacción muy desafortunada”, el gobierno federal refiere que, al firmar el acuerdo, México “se une a Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y la Unión Europea en la firma de este instrumento”, lo que constituye un argumento inconsistente pues, aunque la Comisión Europea aceptó el acuerdo, el rechazo del Parlamento Europeo al ACTA fue contundente.

Por su parte, legisladores de la Comisión Permanente del Congreso, exhortaron a Felipe Calderón a realizar las acciones necesarias para retirar la firma de México del polémico acuerdo, pues, señalaron “podría resultar en la restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad de internet y ser una limitante al acceso del servicio”. Además, advierten, “la firma del documento evidencia la postura autoritaria y unilateral que la actual administración ha asumido”.

En un comunicado, senadores y diputados calificaron de “lamentable la decisión que ha tomado el gobierno mexicano al firmar el Acuerdo Comercial Anti Falsificación, pues con ello demuestra una falta de respeto hacia la relación que debe existir entre los Poderes de la Unión, ya que el ejecutivo ignoró por completo el debate que se dio durante dos años en el Senado de la república, en el cual se escuchó a todos los actores involucrados e interesados en el tema del ACTA”.

El ACTA fue discutido hace meses en el Congreso. En los debates se incluyó la opinión de expertos en el tema y grupos interesados y, tras las discusiones, la firma del acuerdo fue tajantemente rechazada. A pesar de ello, el ejecutivo firmó y ahora, la decisión ya no está en manos de la actual legislatura, sino en el pleno recién electo, que asumirá funciones a finales del año en curso.

Publicado el 6 de agosto 2012