Bolivia. Mujeres indígenas del altiplano boliviano iniciaron una vigilia en la Plaza San Francisco de La Paz para esperar la marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas que había partido desde la ciudad beniana de Trinidad. La marcha tenía como principal exigencia la suspensión inmediata de las obras para la construcción de una carretera que atravesaría el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isoboro Sécure (TIPNIS), en el centro de Bolivia. También sumaba reivindicaciones que dejaban en claro la crítica al modelo extractivista de desarrollo, que el gobierno está lejos de cuestionar y que ocupa cada vez un lugar más importante en la política sudamericana. Por su parte, el gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) había informado que la construcción era innegociable y que el contrato ya había sido firmado. No había alternativas de caminos, por razones topográficas, y la obra era necesaria para integrar el país.

En la plaza era visible la contundente solidaridad de la clase media paceña con la marcha, jóvenes especialmente. Grupos de estudiantes, gente de la política y de la cultura, artistas y MC’s junto a otros vecinos acompañaron a las mujeres indígenas hasta la llegada de la marcha. También se sumó todo el arco opositor a Evo Morales, incluyendo sectores que hasta entonces nunca habían estado abiertos a las demandas indígenas, ganándose no pocos silbidos en las movilizaciones. La plaza San Francisco también fue testigo de enfrentamientos verbales entre los que se solidarizaban con los marchistas y militantes del MAS, de origen social más popular, que se acercaban para defender la carretera y el “proceso de cambio” liderado por Evo Morales. Los dos grupos no se comprendían y se descalificaban: los que defendían el TIPNIS calificaban a los del MAS de “busca pegas”, término boliviano para referirse a los que se acercan a la política para conseguir empleos. Los del MAS gritaban a sus contrincantes “son pagados”, reproduciendo la acusación gubernamental de intereses espurios e imperialistas detrás de la marcha.

Abundarían las lecturas simplificadoras que, por un lado, denunciaban una marcha impulsada por la embajada norteamericana y ONGs imperialistas, con indígenas manipulados por la derecha; o de otro lado, acusaban al gobierno de haberse vuelto títere de las transnacionales y traidor de los pueblos indígenas que en las ruinas de Tiwanaku habían ungido a Evo Morales líder espiritual. En los debates y acusaciones que acompañaron la octava marcha de pueblos de tierras bajas, se sentía una fuerte fuerza ordenadora que parecía buscar transformar Bolivia en un país sin cosas “fuera de lugar”. La nueva polarización de antiguos aliados, se traducía en la negación del carácter mayoritario de la población que en Bolivia se reconoce como indígena (64 por ciento en el último censo). Muchos observadores leían la marcha como comprobación de que el Estado Plurinacional sería una ficción, y que la importancia de los indígenas para el gobierno sería mera retórica. La voluntad ordenadora de las nuevas lecturas políticas avanzaba a contracorriente de la combinación surgida en el proceso constituyente, entre la fuerza de los campesinos que conquistaron el Estado y la búsqueda de consolidación territorial y autonomía de las minorías étnicas. Pragmatismo de izquierda con políticas sociales con horizonte de distribución de la riqueza y democracia del ayllu con pluralismo y horizonte de la busca de la tierra sin mal.

Intentando poner las cosas en su lugar, las discusiones alrededor del TIPNIS presentaban a los campesinos como no indígenas, y a los pueblos de la selva como grupos minoritarios que debían ser reconocidos pero no invitados a pensar la política estatal. Se reubicaban los campesinos lejos de la autonomía y los derechos colectivos, modernos sindicatos y partidos ubicados en la senda del desarrollo y la identidad mestiza nacional. Por eso cuando se planteó el enfrentamiento entre pueblos indígenas y gobierno del MAS –importantes aliados que habían trabajado juntos durante el proceso constituyente– muchos buscaban confirmar que “Evo Morales y los campesinos no habían sido indígenas”. Contra de esa interpretación, miradas más sutiles recordaban que de uno y otro lado había pueblos indígenas, con identidades de intersección, migración y cambio, a veces más genéricas, otras con un vínculo más fuerte con lo ancestral. “Impurezas” productivas en la política boliviana, como que los pueblos colonizados ahora hayan buscado el triunfo en elecciones, transformación de fuerza demográfica en política, y participación en el Estado como instrumento de descolonización.

La cercanía política de sindicatos campesinos y comunidades interculturales (los antes llamados “colonizadores”) con organizaciones étnicas de tierras altas y bajas que rechazan la forma sindical había sido cristalizada en la nueva Constitución, aprobada en 2009, con una definición del pueblo boliviano que incluía el concepto de “naciones y pueblos indígena originario campesinos” sin comas ni separaciones justamente porque un elemento central de la política boliviana actual es que los campesinos e interculturales no dejan de sentirse indígenas. Evo Morales es un ejemplo de esa identidad étnica de las mayorías quechuas y aymaras del país, incluso urbanas y alejadas de la comunidad tradicional, y que en el proceso constituyente pensaron política junto a las otras 34 etnias del país. Era el Pacto de Unidad el espacio político de este encuentro de visiones, étnicas y de clase, de autonomía y transformación desde el Estado, de la soberanía nacional y el pluralismo, que proveyó constituyentes al MAS, hizo propuestas incluidas hoy en la Constitución y también se movilizó para que sea aprobada.

El conflicto del TIPNIS, se constituyó en la anti-tesis del Pacto de Unidad, con indígenas y campesinos avanzando con proyectos contradictorios. El conflicto del TIPNIS tenía como uno de sus temas involucrados al avance constante de las plantaciones de hoja de coca en el territorio indígena, que ya en el pasado resultó en muertes por enfrentamientos entre pueblos indígenas y campesinos cocaleros. El avance de la coca explica también algunas comunidades originarias del TIPNIS sean también productoras de coca, y defiendan la carretera. Si bien el gobierno no defiende las invasiones, la ruta era una promesa de Evo Morales a sus bases cocaleras en su cuna política de Vila Tunari, que es el lugar desde donde saldría la carretera que buscaría unir dos capitales de departamento. Quizás por ese motivo la obra fue defendida por el presidente de forma personal, dando lugar a que la marcha indígena se transforme en desafío directo al gobierno, influyendo en las elecciones directas de magistrados impulsadas por éste poco antes de la llegada de la marcha a La Paz, y sumando la solidaridad de toda la oposición en lo que llegaría a ser una de las peores crisis del gobierno.

Aunque hay comunidades étnicas defendiendo y criticando el proyecto, la distinción vendría por los argumentos: la defensa del territorio se fundamenta en los derechos de la naturaleza y la autonomía indígena; la carretera se explica con el lenguaje estatal de la economía, la salud y la educación, que necesitarían de la carretera para alcanzar las poblaciones del parque. Otro actor del conflicto es Brasil, que financia el 80 por ciento de la carretera de más de 300 kilómetros y es el país de la empresa constructora. La unión de dos capitales bolivianas que promete desarrollo para los campesinos se integra en el proyecto sudamericano de infraestructura regional (IIRSA) y contribuiría a la salida para el Pacífico de los productos de la industria brasilera en expansión. García Linera, el vicepresidente, también agregó intereses geopolíticos en la argumentación: facilitar el acceso del Beni para La Paz rompería la dependencia de los empresarios ganaderos de esa región con la elite cruceña, que en los primeros años del gobierno del MAS articuló una fuerte oposición a Evo Morales y el proyecto de Constitución. Había sido esa coyuntura, con la apertura de la Asamblea Constituyente y la Media Luna buscando autonomía departamental, la que contribuyó a la unión de las bases campesinas de MAS con los pueblos indígenas de Oriente. Los campesinos defendían su gobierno, como ahora con el proyecto gubernamental, los otros defendían su territorio también como ahora, en ese momento contra la amenaza de la elite política y el agronegocio sojero, donde dígase de paso que también los empresarios brasileros tienen una importante presencia económica.

El choque de visiones presente en la plaza San Francisco y en el debate por el TIPNIS sería trágico cerca de la población de Yucumo, donde después de semanas de caminata la marcha encontró un bloqueo impulsado por sindicatos campesinos afines al gobierno que se propusieron no dejar pasar a los indígenas y hubo un desenlace violento, cuando la policía inició un operativo de dispersión de la marcha, capturando indígenas con violencia y humillaciones, trasladándolos inicialmente en aviones a la ciudad de San Borja donde la población logró liberarlos. La acción contribuyó al crecimiento de la marcha, que se reinició poco después. El ministro a cargo del área debió renunciar y el destino triunfante de la marcha quedó sellado. Otra ministra, de defensa, renunció en oposición a la represión. El gobierno intentó distanciarse de los hechos explicando que no había dado la orden, tomada “de forma operativa” por la fuerza policial. Algunos funcionarios presentaron la renuncia pero después dieron marcha atrás. La acción mostraba el alejamiento del gobierno de los pueblos indígenas que ya había causado algunas disidencias antes de la marcha con figuras políticas que habían tenido un papel importante en la definición del horizonte político del gobierno y que firmaron un manifiesto crítico, llamando a la “reconducción”.

La marcha llegó a La Paz y fue recibida por una inmensa manifestación. Obligado por un conflicto que no dejaba de crecer, Evo Morales decidió que una ley determinase que la carretera no podría pasar por el TIPNIS, también dejando de lado el intento de derivar la decisión a un referéndum de los dos departamentos directamente involucrados por la obra, como se había propuesto. La Asamblea Plurinacional, donde el MAS tiene dos tercios, aprobó una “ley corta” que declara al TIPNIS territorio intangible. El término “intangible”, traficado del lenguaje del patrimonio y que ya había dado debate en la selva del Ecuador, se convirtió en un nuevo territorio de batalla de baja intensidad. Los duros del gobierno buscaron interpretarlo en el sentido de que el TIPNIS sería a partir de entonces “intocable”, con lo que los pueblos indígenas deberán renunciar a los proyectos de desarrollo, explotación de madera, ecoturismo y otros en los que hoy participan. Los indígenas defienden sus medios de vida, con el llamado “desarrollo sustentable”, pero desde una lógica que no es la del avance de las plantaciones y el comercio hormiga en sus tierras. “Ya van a ver” dijo el vicepresidente a la prensa sobre cómo será interpretado el término. Y en un inédito discurso de promulgación de ley donde los argumentos eran contrarios a la misma, Evo Morales terminó enfatizando el carácter de tierra “virgen” que el TIPNIS debería mantener.

Junto a este término, la propia definición plurinacional del Estado, de la forma en que se concibe la descolonización y el Vivir Bien, continuarán abiertos a definición. Pero urge matizar el clima de oposición que la coyuntura del TIPNIS trajo al proceso boliviano, como confianza en la productividad política del Pacto de Unidad, que merece no apresurarse a tirar tierra sobre un proyecto político que introdujo como en ningún otro lugar elementos comunitarios e indígenas en el Estado, abriendo una discusión sobre formas de representación, justicia y autoridad, en la búsqueda de superación del modelo liberal republicano. En este sentido, el triunfo final de la marcha debe verse también como apoyado sobre un canal que ya existía y que otro gobierno no hubiera podido transitar.

Los dos meses de marcha dejaron imágenes de todo tipo. Sin duda el Pacto de Unidad y el encuentro que posibilitaba salió perdiendo, pero el gobierno mostró que mantiene ambigüedad, que de hecho conoce los derechos y sujetos indígenas que se disponía a arrollar, como mostró un canciller con mucho peso en el gabinete que jugaba internamente por el diálogo y el Vivir Bien, en un complejo escenario que dejó entrever complicidades no difíciles de romper entre el gobierno y sus anteriores aliados. Después del extremo de distancia con la represión a la marcha, en algunos voces del MAS y las organizaciones hubo autocrítica frente al mal manejo del conflicto, la falta de consulta previa e informada, y un camino que políticamente debilita al gobierno de Evo Morales. A pesar de algo de resentimiento y falta de arrepentimiento también demostrado, el gobierno entendió que no podría desprenderse de su costado indigenista sin costos altísimos. Eso posibilita que el Pacto de Unidad, con el encuentro y articulación de campesinos e indígenas, siga siendo una posibilidad.

El conflicto del TIPNIS también demostró una vez más como la movilización social es en Bolivia un instrumento que define los grandes debates. La recientemente aprobada Constitución, por su parte, protege con cuerpo legal a lo “indígena originario campesino” garantizando derechos territoriales, colectivos y de autodeterminación. Si no se abandona ese camino, el enfrentamiento del TIPNIS habrá sido sólo una pesadilla desarrollista de un Estado Plurinacional que busca ir más allá.

Publicado el 01 de Diciembre de 2011