Berkeley, California. Cuando hace tres años comenzó la actual ola de despidos masivos de trabajadores inmigrantes, en la prensa la llamaron “redadas silenciosas”. Esa frase buscaba hacer parecer a los despidos más humanos que las redadas en los lugares de trabajo de la administración de Bush. Durante los ocho años que duró el mandato de Bush, agentes vestidos de negro, portando armas, invadieron las fábricas a lo largo del país y acorralaron a los trabajadores para ser deportados.

 Las “redadas silenciosas” se basan en la cooperación entre empleadores y oficiales de migración. El departamento de seguridad interna identifica a los trabajadores que no tienen status migratorio legal, y después sus empleadores los despiden. El silencio radica en la ausencia de hombres de negro armados. Parafraseando a Woody Guthrie, solían robarles a los inmigrantes del trabajo con pistolas, ahora lo hacen con un bolígrafo.
El silencio también describe la falta de gritos de parte de los trabajadores cuando pierden sus trabajos. Ninguna delegación de activistas por los derechos de los migrantes ha viajado a Washington DC para protestar. Los sindicatos han dicho poco, aun cuando miembros suyos han sido despedidos. Incluso los trabajadores sin papeles tienen miedo, quienes tenían trabajo temen ser despedidos, y los que ya habían sido despedidos tenían miedo que los agentes de migración llegaran a sus casa por la noche

Sin embargo, en los últimos meses una ola de protestas ha comenzado a romper el silencio. En Berkeley, California, trabajadores que enfrentan despidos en la Fundidora de Acero Pacific, la más grande del este de Mississippi, han buscado el apoyo de la comunidad para luchar por mantener sus empleos. Los Concejos de las ciudades de Oakland y Berkeley han girado resolutivos pidiendo a la Secretaria de seguridad interna, Janet Napolitano, para que den marcha atrás y obliguen a las compañías a no despedirles. Iglesias y activistas de derechos de los migrantes han enviado cartas con la misma demanda.

En Los Ángeles, mil 400 empleados de limpieza marcharon por la zona de rascacielos de Bunker Hill, bloqueando el tráfico a la hora de la comida. Protestaron contra una ola similar de despidos en la compañía “Able Building Maintenance”, que es el más grande empleador privado de construcción de edificios.

Estas dos campañas de protesta llegaron luego de dos años durante los cuales docenas de empleados fueron despedidos, en respuesta a demandas del Departamento de seguridad interna. John Morton, director de la Agencia de Inmigración y Aduanas (AIA), que es una división del Departamento de seguridad interna, hizo un anuncio sobre el número de compañías que son auditadas para encontrar trabajadores indocumentados, y mencionó que las cifras iban de 1000 a 1654.

No hay un registro de cuántos trabajadores han sido despedidos. A lo largo de los últimos dos años se habla de miles. En Mineapolis, Seatle y San Francisco, más de mil 800 conserjes, miembros de sindicato SEIU, perdieron su trabajo. En 2009, alrededor de dos mil jóvenes mujeres que trabajaban como costureras para “American Apparel” fueron despedidas en Los Ángeles. En algún momento Morton dijo que la AIA ha auditado a más de 2 mil 900 compañías.

El presidente Obama dijo que estas políticas en los lugares de trabajo apuntan hacia empleadores “que usan trabajadores ilegales para bajar los salarios, y algunas veces maltratan a los trabajadores.” En un aviso de la AIA se dice que “empleadores sin escrúpulos suelen pagar a trabajadores ilegales salarios por debajo de la norma o los obligan a resistir condiciones de trabajo intolerables”. Sin embargo, curar las condiciones intolerables despidiendo a los trabajadores que las soportan no ayuda a éstos ni cambia las condiciones.

En cambio, la retórica de la administración ha alimentado los esfuerzos para culpar a los inmigrantes por “robar trabajos” y minar los salarios. En una declaración que se oponía a apoyar los trabajadores de la fundidora  Pacific, un miembro del Concejo de la ciudad escribió que “cada trabajado dado a un migrante indocumentado es un empleo negado a un ciudadano americano”, y que “los ciudadanos no trabajaran con los bajos salarios que trabajan los inmigrantes indocumentados.”

En realidad, el Departamento de seguridad interna se enfoca no en empleados de salario bajo sino en los de salario alto, y también en no sindicalizados. Casi todos los conserjes despedidos a lo largo del país eran miembros del SEIU. Los trabajadores de la fundidora Pacific pertenecían a la sección 164B del sindicato de trabajadores de vidrio, molduras, plásticos y cerámica (GMP). En la ciudad de uno de los integrantes del Concejo, docenas de trabajadores fueron despedidos en una fábrica de colchones Sealy, aun cuando pertenecían a la sección de trabajadores de muebles de los Trabajadores de la comunicación de América.

Entre las autoridades migratorias existe una larga historia de ánimo en contra de sindicatos. Los agentes han puesto retenes antes de las votaciones sindicalistas en los campos de California; han realizado redadas durante el empaque en Carolina del norte y Iowa; han auditado a empleadores de conserjes y plantas de alimentos para aviones antes de las negociaciones contractuales; y han ayudado a empresas a despedir a miles de empacadores de manzanas cuando intentaron unirse al sindicato de Teamsters en el estado de Washington.

Pero existe otra razón para que las compañías con sindicatos sean el blanco: son más fáciles. Todos los empleadores están obligados a que quienes soliciten trabajo llenen el formato I-9, así como a proporcionar identificaciones y número de filiación al seguro social; todo se integra en el expediente de los trabajadores. En una auditoria I-9, los agentes de la AIA revisan esos expedientes para identificar a los trabajadores indocumentados. Después envían al empleador una lista de a quienes deben despedir.

En tiendas de ropa, dulcerías y pequeños restaurants encontrar e inspeccionar al personal es difícil, lleva mucho tiempo y es laborioso. Por otro lado, los sindicatos generalmente obligan a los empleadores a mantener los expedientes en orden para asegurarse que respetan los niveles de salarios, beneficios y derechos de los trabajadores, de acuerdo al contrato. En esas compañías, los agentes de migración fácilmente arman los casos de despido.

Los trabajadores han encontrado ventajas al exigir que sus empleadores vuelvan a verificar su status migratorio. En Able Building Maintenance, durante una auditoria I-9 en San Francisco, la AIA ubicó a 475 trabajadores, así que la compañía los despidió. Después, en Los Ángeles usó ese procedimiento para bajar los costos de trabajo. Cada vez que Able toma posesión de un nuevo edificio gestionado por otro contratista de conserjes, le exige a los trabajadores que presenten nueva evidencia sobre su status legal. Si no pueden hacerlo la compañía les despide y contrata a otros pero con salarios más bajos y menos beneficios.

Estas acciones violaron el intento del sindicato de hacer un contrato maestro. El acuerdo dice que cuando, en el centro de la ciudad, una compañía constructora remplaza a otra para limpiar, la nueva debe contratar a quienes ya trabajaban ahí. Este acuerdo proporciona cierta seguridad a los trabajadores, tomando en cuenta que en esta industria los contratos cambian constantemente. Aún cuando las compañías compiten ferozmente unas contra otras, de esta forma no podrían sacar ventaja al despedir a trabajadores con altos salaries, remplazándolos por otros con salarios bajos.

Pero eso es justamente lo que hace Able: usa como pretexto el status migratorio y así despide a los trabajadores con mayor antigüedad en Los Ángeles. Es por esa razón que más de mil trabajadores marcharon alrededor de estos edificios para protestar. Temen que no sólo Able continúe despidiéndolos, sino que otras compañías usen la misma táctica para bajar los costos y así poder competir. Los trabajadores de la Universidad de Stanford  hicieron una protesta similar cuando un empleador sindicalizado fue remplazado por otro,  y éste exigió que los de mayor antigüedad re-verificaran su status migratorio, y el resultado fue de 19 despidos.

En la fundidora Pacif de Berkeley, la AIA tuvo acceso a los formatos I-9 de la empresa, así como a otros expedientes. De esta forma, en febrero comenzó la auditoria, aunque las negociaciones contractuales con el sindicato habían iniciado una semana antes. En marzo los trabajadores de la fundidora hicieron huelga por una semana, defendiendo exitosamente sus garantías médicas. El realizar una auditoria en medio de una negociación laboral viola un procedimiento de operación interno que data desde la presidencia de Clinton. En mayo el sindicato presentó una demanda por práctica laboral injusta en contra de la compañía y de la AIA, acusándoles de violar el procedimiento como forma de castigo contra la actividad sindical.

Para conseguir apoyo de trabajadores que podrían ser despedidos como resultado de una auditoría, la sección 154B de GMP hizo notar los efectos desastrosos que tendrían en la comunidad. “Si estos trabajadores especializados son despedidos de la fundidora, las operaciones de negocios serán afectadas”, dijo Josie Camacho, secretario ejecutivo del Concejo del trabajo de Alameda. “Si la fundidora cierra, será un desastre económico para el área de la bahía. La compañía y los trabajadores pagan impuestos, los cuales mantienen las escuelas y los servicios, y éstos no se pueden permitir perder dinero que necesitan en estos tiempos de economía difícil.”

 Además de las resoluciones de los Concejos, muchos oficiales elegidos, iglesias y organizaciones por los derechos de los migrantes han escrito al Departamento de seguridad interna para oponerse a los posibles despidos. “Estas auditorías afectan a los trabajadores más allá de la fundidora Pacifi”, añadió Camacho. “Podrían profundizar el desempleo y dificultar la actual recuperación de la recesión. Esto debería ser una preocupación de la administración ya que está frente a una elección en 2012”.  Mike García, presidente de “Trabajadores de Servicios Unidos del Oeste”, SEIU, que es quien representa a los conserjes de Able, sugiere que todo Concejo del trabajo monitorea a los sindicatos del área para ubicar dónde se realizan auditorias y despidos.

Las protestas de la fundidora Pacific y Able marcan un nuevo nivel de oposición sindical a las auditorías y despidos de I-9. “El sindicato es responsable de representar y proteger a sus miembros en contra de cualquier violación a los derechos humanos”, dijo Ignacio de la Fuente, vicepresidente internacional de GMP. En el intento de alentar la participación de los trabajadores por su propia defensa, la sección 164B organizó una clínica de migrantes en la cual una docena de abogados provenientes de organizaciones de ayuda legal hablaron cara cara con trabajadores, resolviendo así dudas sobre su status. Tal y como lo hicieron los estudiantes indocumentados durante su campaña para pasar la “Dream Act”, esta vez algunos trabajadores comenzaron a hablar públicamente.

Una creciente marea de oposición laboral a las auditorias I-9 hará olas en Washington DC. De hecho, los despidos están provocando que algunos sindicatos  cuestionen sus cuotas de apoyo a elementos clave de la propuesta de ley de reforma integral migratoria (CIR por sus siglas en inglés) que el Congreso ha estado discutiendo en los últimos siete años, específicamente las propuestas que refuerzan los lugares de trabajo.

Casi toda la propuesta de ley CIR incrementará las auditorias y penalizaciones a los empleadores que contraten trabajadores indocumentados (“sanciones a empleadores”). La propuesta incluye el uso de la base de datos E-Verify y del programa nacional de identificación para facilitar así la localización y el despido de la gente. La administración de Obama no solo apoya el enfoque de la CIR,  sino que ha implementado medidas de refuerzo prsentadas en esa propuesta de ley. Como resultado, en los últimos dos años el número de despidos ha llegado hasta los cielos y las deportaciones superan el millón.

Cuando las sanciones fueron aprobadas en 1986 como parte de la Reforma migratoria y el Decreto de control, la AFL-CIO las apoyó aun cuando hubo oposiciones locales. Las sanciones fueron justificadas como medidas de fuerza que obligaban a los trabajadores indocumentados a dejar el país y desalentaban que otros más vinieran. Esa justificación aún es usada por algunos simpatizantes. A lo largo de trece años, los sindicatos han visto a las sanciones como un método de los empleadores para amenazar y despedir a trabajadores cuando intentan organizarse o mejorar los salarios mínimos y las condiciones de trabajo. Luego de un creciente descontento, la AFL-CIO dio marcha atrás a su posición y a la convención de 1999 en Los Ángeles. Su nueva postura pedía la abrogación de las sanciones a empleadores, legalización de indocumentados y aplicación de los derechos laborales de todos los trabajadores.

Bajo la administración de Bush, fueron presentados proyectos de ley CIR, los cuales contaron con un masivo apoyo de empleadores, y parte del movimiento laboral comenzó a pedir “una justa aplicación” de las sanciones. Algunos sindicatos vieron a las sanciones como un modo para deshacerse de trabajadores considerados “competidores de bajo ingreso”, mientras que otros consideraron el apoyo a las sanciones como una compensación que podría llevar a la legalización de indocumentados.

Las propuestas de ley y sus limitadas propuestas de legalización no fueron aprobadas por el Congreso. Sin embargo, los despidos de trabajadores indocumentados aumentó dramáticamente. Las administraciones de Bush y de Obama no necesitaron de la aprobación del Congreso para su aplicación. Como resultado de estos muchos sindicatos se paralizaron pues resultaba difícil dar un apoyo creciente a la ejecución de la propuesta de ley CIR en Washington y al mismo tiempo oponerse a la ejecución que conlleva al despido de sus propios miembros. Las protestas de la fundidora Pacific y Able son signos del creciente reto a esta parálisis.

Las primeras oposiciones fueron en Minneapolis, ahí la SEIU, sección 26, comenzó a organizar la oposición a las auditorias I-9 y los despidos, antes que nada contra sus miembros que son conserjes, y después a los no sindicalizados que trabajan en la comida rápida en los restaurantes “Chipotle”. Mantuvo reuniones con trabajadores despedidos, y organizó manifestaciones que incluían un sit-in en la bodega de “Chipotles”.

 Su campaña incluía en su lista de demandas que los empleadores apoyaran la reforma migratoria, pero ¿qué tipo de reforma? Los sindicatos comienzan a pelear al respecto. Las auditorias son producto de las sanciones a empleadores contenidas en la ley de 1986, y sin cambiar la ley que abrogue tales sanciones, la ejecución de medidas tales como las auditorias, los E-Verify, las redadas y los despidos son inevitables.

En el área de la bahía, los concejos del trabajo en San Francisco, Silicon Valley y el condado Alameda aprobaron resoluciones el año pasado para revocar las sanciones. Hace doce años, el concejo de Alameda fue el autor de la resolución original que hizo cambiar la posición de la AFL-CIO en su convención de 1999 en Los Ángeles.  En la nueva resolución, que fue aprobada unánimemente en junio, el Concejo “reitera su apoyo a la reforma migratoria que propuso en 1999, y que fue adoptada por la AFL-CIO en su convención”.

Las tres resoluciones CLC que fueron aprobadas por la convención nacional del Concejo  de avance latinoamericano, piden el apoyo para una alternativa a la compensación de la CIR, a esto le llaman la “Campaña de la dignidad.”  Además de abrogar las sanciones, la propuesta plantea una política migratoria basada en el trabajo y los derechos humanos, incluye desechar los tratados de comercio que llevan a la pobreza, el desplazamiento y la migración forzada desde México y otros países en vías de desarrollo.

La propuesta de la “Campaña de la dignidad”  no es viable en un Congreso dominado por el Tea Party y corporaciones que buscan un programa de trabajadores invitados. Pero así como le tomó al movimiento de derechos civiles que se aprobara la ley de derecho al voto, cualquier cambio básico que establezca los derechos de los migrantes también necesitará del levantamiento social y de un fundamental reordenamiento de poderes. Una marcha de conserjes en el centro de Los Ángeles o la resolución de un Concejo de una ciudad del norte de California son sólo pasos en esa dirección. Lo que realmente cuenta es hacia dónde se dirigen los manifestantes.

Publicado originalmente en inglés en These Times, edición web  8/23/1

Publicado el 01 de Septiembre de 2011