Militarización y represión política por un lado. Resistencia y autonomía por el otro
Joana Moncau

«La guerra contra el narcotráfico sirve como mecanismo para justificar la presencia del ejército en regiones donde hay movimientos sociales, con el fin de facilitar la contención social». Este es el punto clave para leer el actual mapa de militarización de México, señala Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», de Guerrero.

La geografía de la militarización, coinciden activistas y defensores de derechos humanos, sigue la ruta del narcotráfico y de la represión política que históricamente se ha dado en el país. En este sentido, la militarización se mantiene donde hay movimientos sociales y donde han surgido grupos rebeldes, siendo los principales blancos de esta estrategia los estados más pobres y con regiones indígenas, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, aunque no son los únicos.

En el pasado, afirma Barrera, quedó perfectamente documentado que los mismos militares o sus aliados sembraban amapola para justificar la entrada del ejército en regiones de resistencia, como en Chiapas y Guerrero.

El caso de Chiapas tiene su propia lógica. Esta entidad sigue siendo la más militarizada del país, pero aquí se vive una guerra separada de la del narcotráfico. En Chiapas la guerra es contra los zapatistas, afirma Hermann Bellinghausen, periodista que cubre desde hace más de 17 años los conflictos en la entidad.

En estados con mucha pobreza y con comunidades indígenas y en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada, «el Ejército utiliza el ambiente de agresión, de caos y de terror que se genera, para golpear a las organizaciones sociales, criminalizar su lucha al vincularlos con la delincuencia, neutralizarlos y para ocupar territorios donde hay movimientos que asumen un protagonismo importante en la defensa de sus derechos colectivos», explica Barrera.

Ejemplo emblemático de la intervención militar ligada al supuesto combate al narcotráfico, es la comunidad nahua de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, en Michoacán. En 2009, poco después de que se promulgó el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa indígena, los comuneros recuperaron más de mil hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por poderosos caciques mestizos. Desde entonces, resisten a los más diversos tipos de acoso debido a que en el territorio en cuestión hay ricos yacimientos de fierro y oro, además del no menos rico negocio del turismo en esas playas del Pacífico, contempladas en el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán; y la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas.