Ciudad Juárez, Chihuahua. El 23 de julio de 2010 es un día opaco. Polvoriento. La atmósfera en el Poleo huele a abandono. Está viciada por años de acoso en contra de sus últimos pobladores. Las condiciones del terreno son las de un rancho baldío y sus colindancias van más allá de las nubes entre la frontera de Ciudad Juárez y Nuevo México. En ese cinturón, 17 familias están dispuestas a no moverse. Aunque son pocas, su decisión de quedarse en esa tierra retrasa el reloj de uno de los capitales más poderosos de la zona.

Pertenecientes a una región domeñada por los cálculos del dinero, los más viejos lamapoleoneses no quieren dejar el cielo azul bajo el que han vivido las últimas cuatro décadas. Pero su decisión no es sólo un asunto de gustos. Simplemente no tienen otra parte a donde irse. Por eso las claves de su firmeza habría que buscarlas en la voluntad de los de abajo de adherirse inexorablemente a la existencia sin desesperarse.

En esta lucha, como en otras del país, el coraje y la paciencia han sido dos armas eficaces usadas en la guerra de los débiles. Estos colonos del rudo norte mexicano entendieron muy pronto quién manda en la relación entre amos y esclavos. Durante siete años, estas familias, olvidadas en el páramo, han sacado jugo a su condición vulnerable y con entereza han enfrentado a uno de los dioses del progreso fronterizo.

En el oeste de Ciudad Juárez, la metrópoli mexicana con más maquiladoras en América Latina y el lugar del planeta donde más muertos ha habido en los últimos años, por efectos de la guerra del narcotráfico, Lomas del Poleo ha sido siempre una especie de mirador de esta frontera. Aireadas y luminosas, marginadas y duras, sus tierras son hoy parte de una desigual disputa, en la que sus habitantes han cargado con la peor parte. Desde el sábado 20 de marzo de 2004, los terrenos de Lomas del Poleo –unas 380 hectáreas– quedaron cercadas con postes de concreto y alambre de púas, en un caso inédito, al menos para este país, en el que a sus residentes –inicialmente más de 250 familias–, se les ha impedido el derecho al libre tránsito y la libertad de ser visitados por familiares y amigos cercanos.