Fantasmas que buscan sus cuerpos para que se haga justicia

Victoria Brocca

España. Hoy, el privilegio y derecho de contar con una tumba no se ha hecho extensivo a la totalidad de los españoles.

Aún cuando se cuenta con cifras bastante exhaustivas que señalan cómo los muertos del bando franquista fueron enterrados en su inmensa mayoría de manera digna en cementerios, o su memoria restaurada y honrada en homenajes oficiales, las víctimas de la guerra civil y posterior represión franquista asesinados y enterrados en las cunetas, en las tapias de los cementerios o en los bosques, carecen en su mayoría de un entierro digno. En muchos casos, como el de mi tío paterno, se convierten en el rostro que nos mira y envejece con nosotros en una fotografía legada para combatir el olvido, sin que nosotros, sus familiares, sepamos cómo murieron o dónde fueron enterrados.

A más de treinta años de la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1979) por parte de España, se continúa sin conocer el paradero de miles de víctimas de la Guerra Civil Española y de la dictadura de Francisco Franco.

Dicho convenio establece la obligación de emprender una investigación oficial efectiva e independiente en todos los casos de desaparición de los que se tenga noticia. Con más de 140 mil desaparecidos contabilizados por la reciente investigación realizada por la Audiencia Nacional a petición del juez Garzón –sin tomar en consideración a los niños perdidos ni a los desaparecidos en combate—España sólo es superada en este rubro por el régimen de Pol Pot en Camboya. En Andalucía existen más desaparecidos (se calculan 54 mil) que los sumados por los crímenes de desaparición forzada perpetrados en Chile, Argentina, Perú y Guatemala.

En todas sus vertientes (desaparición forzada seguida de ejecución extrajudicial, desaparición forzada infantil seguida de robo de identidad, o desaparecidos en combate) la desaparición forzada de personas practicada sistemáticamente desde el Estado, como lo fue en el caso español en la guerra civil y luego en la dictadura de Franco, constituye un crimen contra la humanidad violatorio de diversos derechos fundamentales de los desaparecidos, pero también de sus familiares.

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