Quito, Ecuador. 1. Esencia y apariencia. La contradictoria correspondencia entre esencia y apariencia parece gustar de los juegos caleidoscópicos, más cuando los hechos se desarrollan a velocidades que desafían nuestra resistencia al vértigo. El caleidoscopio gira en primer término a una figura que aparece como la raíz del malestar policial: El 29 de septiembre, en medio de una atropellada sesión ordinaria, el Poder Legislativo se allana al veto del Presidente sancionado sobre la Ley de Servicio Público. En lo fundamental, el cuerpo legal regula las relaciones patronales entre el Estado y los trabajadores administrativos del sector público entre los que se incluyen por primera vez a los militares y policías bajo la denominación de “servidores públicos”. La aprobación de la Ley en la Asamblea tomó un largo y dilatado proceso de negociación entre la Comisión Legislativa encargada de la redacción del texto y las organizaciones de trabajadores y servidores públicos del país. Los principales puntos de discordia, relativos a una legislación regresiva en lo referente a la estabilidad laboral y a la no ratificación de compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lograron resolución a través de la eliminación de una serie de articulados que otorgaban una facultad discrecional al Gobierno para despedir trabajadores y suprimir plazas de trabajo. Una vez más, siguiendo el tradicional estilo de Gobierno, el Presidente hace tabla rasa de todos los acuerdos alcanzados a través del diálogo con los servidores públicos y se ratifica en los polémicos articulados del despido intempestivo y las cesantías anticipadas de trabajadores – léase jubilaciones forzosas o supresiones de puestos -. La CONASEP (Confederación Nacional de Servidores Públicos) y otros sindicatos anuncian protestas y una posible ocupación de la Asamblea. A pesar de que no existen señalamientos públicos o pronunciamientos oficiales de la Policía Nacional, se conoce que el veto incluye una disposición para homologar salarios entre los servidores públicos y eliminar cualquier tipo de remuneración adicional a la prevista en la Ley. Se eliminan los premios, bonificaciones y compensaciones, incluidas las recompensas económicas por condecoraciones y años de servicio en la Policía Nacional. Sin embargo, no hay ninguna señal que avizore la tormenta que está a punto de comenzar.