Las acciones del 1 de marzo pasado a favor de la visibilidad de los migrantes y en defensa de sus derechos alcanzaron una notable respuesta en Italia y en Francia. Manifestaciones, acciones en la calle, concentraciones en los ayuntamientos, manifiestos de apoyo de distintos sectores sociales evidenciaron la demanda de reconocimiento de las personas residentes de origen no comunitario: más de quince millones de personas con residencia legal y otros ocho indocumentados en la Unión Europea. Lo anterior como respuestas al discurso cada vez más xenófobo del primer ministro italiano Silvio Berlusconi y su ministro de interiores Roberto Maroni o del presidente francés Nicolás Sarkozy.

En España la convocatoria sólo obtuvo respaldo en una decena de ciudades, especialmente en Cataluña (Barcelona, Terrasa, Granoller), Canarias (Fuerteventura y Lanzarote, Andalucía (Málaga o Granada), Madrid. Con concentraciones ante los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), huelgas de hambre, cadenas humanas, los migrantes manifestaron sus demandas de regularización, de denuncia de las expulsiones y la represión policial, contra el creciente racismo en la sociedad española.

Y ese es también un dato a tener en cuenta. Según los últimos datos del Observatorio del Racismo, la idea de una ciudadanía española “más receptiva”, menos racista que otros ejemplos europeos, se ha desvanecido. La actual crisis económica ha elevado el rechazo de la población española hacia los migrantes, cuyo número es considerado «excesivo». Se consolida una imagen negativa que asocia la migración al deterioro de las condiciones laborales. Aumenta el rechazo a la diferencia religiosa y la exigencia de adaptación a las normas legales y sociales. Finalmente, aumenta la exigencia de políticas migratorias más restrictivas y disminuye el apoyo al reconocimiento de más derechos para los legalmente residentes.